Jorge Mario Andrino Grotewold
Identificar los problemas del efecto invernadero producido en parte por la grave situación de la emisión de gases producida por las grandes fábricas y el gran tumulto de vehículos en las zonas urbanas, no es difícil. Tampoco se requiere de expertos que mediante sus amplios conocimientos puedan identificar las laderas planas que tienen ya muchas colinas y montañas del país, derivado del grave socavamiento de los suelos por el corte de árboles y arbustos. Y por supuesto, no se requieren congresos temáticos facilitados por entes internacionales para lamentar la grave contaminación de agua en ríos y lagos (y lagunas) que ha permitido que no sólo el vital líquido escasee como elemento esencial para las poblaciones, sino, además, produzca efectos graves en el proceso general del ambiente, en especial durante sequías o canículas.
Seguramente lo que sí requiere de atención inmediata es que el país tenga un Ministerio de Ambiente que pese, y que pueda ser efectivo en el cumplimiento una política socioambiental real que permita la protección de los recursos naturales del país. Además de ello se requiere de voluntad y decisión política de legisladores, jueces y políticos para alcanzar a determinar un proceso de inversión y explotación de recursos naturales sano, inteligente y honesto. Un proceso que permita explorar y si es aconsejable explotar, aquellos recursos que no causen daño al ambiente comunitario, mediante la educación sensible a las personas sobre los beneficios reales que lleguen a su país, a su área geográfica y a su comunidad directamente, no por intermedio de terceros. Permitir inclusive a la propia comunidad explotarlos, cuando sea posible. Una política que incluya el cumplimiento de todas y cada una de las recomendaciones de foros e instrumentos internacionales adoptados durante los últimos 40 años en materia de medio ambiente, y que, además, permita solucionar los conflictos sociales que se han derivado de un pésimo manejo de autorizaciones y licencias ambientales no sólo en este gobierno, sino en los últimos 30 años.
Y a propósito del Congreso Nacional del Cambio Climático que recientemente se realizó en Guatemala, bajo el auspicio del gobierno central y de entidades internacionales, ojalá que sus asistentes, dentro de los cuales se esperan hayan participado Alcaldías y Ministerios clave en este tema, no sea solo una fachada política para hacer falsa propaganda de que el gobierno de verdad le interesa el tema, porque no es de esa forma como se logra identificarse con una política segura ambiental. Es con acciones, controles, fiscalizaciones y con el cumplimiento de normas y estándares de protección de recursos, que realmente se logran hacer valer políticas públicas efectivas.
Y aun así, cuando pudiera Guatemala alinear sus estrategias para hacer cumplir las regulaciones socioambientales, así como encaminar un proceso educativo y cultural a las comunidades, se requiere también inversión en desarrollo rural y urbano, para que los servicios básicos de agua potable, drenajes, fluido eléctrico y otros, llegue a cada rincón del país, y así evitar las grandes contaminaciones y depredaciones comunitarias, que afectan grandemente también las aguas y montañas nacionales. Y esa estrategia, debiera ser compartida en un esfuerzo regional, centroamericano y de los países del área, empezando por quienes se comparte frontera.
Guatemala cuenta con recursos valiosos, pero que poco a poco se han ido reduciendo, y que lo que hacen es encarecer servicios públicos esenciales, privatizarlos e inclusive negarlos a buena parte de la población. Así, se vislumbran malos augurios para el futuro, que no será en cien años, sino es ahora.
