El malestar por el precio de los combustibles es legítimo por parte de la población. Pero resulta cuestionable convertir ese malestar en una excusa para bloquear carreteras, afectar a terceros y utilizar la necesidad de la población como instrumento de presión política, y lo que es más solicitar el pago por paso en una carretera publica por parte de los manifestantes, así como de recabar firmas de manera obligatoria para que a usted ciudadano le dejen pasar.
El incremento en el precio de los combustibles golpea directamente el bolsillo de los guatemaltecos. Aumenta el costo del transporte, encarece la distribución de alimentos y productos y termina trasladándose prácticamente a toda la economía. Es, por tanto, un problema real que merece respuestas serias.
Esta es una crisis originada por la guerra que en la actualidad tienen el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el régimen de Irán. Esta guerra a traído como consecuencia que los iraníes tengan el control de dos estrechos por donde pasa el petróleo, el primero es el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Manded (la puerta de las lamentaciones). En estos estrechos se comercia prácticamente el 50% de todo el petróleo mundial, lo que ha generado la inestabilidad del precio del combustible. Guatemala es un país importador del 100 por ciento de los combustibles y sus derivados, es decir, no produce petróleo, gas u otro tipo de combustible en el país, por lo que depende de manera directa de los commodities, que son las materias primas básicas y bienes de origen natural que se negocian en los mercados globales sin diferenciación por su marca o productor. Las cuatro categorías principales son: energía (como el petróleo y sus derivados), agricultura (como el café) y metales (como el oro). Pero tal parece que los manifestantes no saben que los precios fluctúan, entonces, por las variaciones del mercado que las dictan varios factores: 1. La producción del barril de petróleo. 2. La estabilidad de la región en cuanto a los principales países productores, que son Rusia, Irán, Kuwait y Estados Unidos. 3. De la taza de los commodities en bolsa de valores. 4. Del costo de embarques, y almacenamiento, así como la distribución del mismo. Por ello de conformidad a la legislación nacional que indica que el Gobierno puede fijar el precio de los combustibles.
La Ley de Comercialización de Hidrocarburos establece un régimen de libre mercado, por lo que cada empresa importadora y cada estación de servicio fija sus precios de acuerdo con las condiciones nacionales e internacionales. De forma simplificada, el precio de un galón se compone de: 49 % en el costo internacional del combustible, refinación y transporte marítimo, La cotización internacional del petróleo y de los combustibles refinados y del tipo de cambio entre el quetzal y el dólar, costo del transporte marítimo. Conflictos internacionales o interrupciones en el suministro, como lo que sucede hoy con la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. El 30 % en impuestos, principalmente el Impuesto a la Distribución de Petróleo y el IVA, y el 13 % de costos internos, como transporte terrestre, almacenamiento y distribución. Y por el último el 8 %: gastos de operación y margen comercial de las empresas. Todos debemos saber que Guatemala importa prácticamente el 100 % de los combustibles que consume, hay excepciones como el Biodiesel, etanol entre otros.
Pero una cosa es protestar contra el alto precio de los combustibles y otra muy diferente es paralizar Guatemala. Las manifestaciones que bloquean carreteras tienen una contradicción difícil de ignorar: quienes aseguran luchar contra el encarecimiento de la vida terminan provocando pérdidas económicas a miles de personas que viven precisamente de su trabajo diario. El empleado que no puede llegar a su trabajo, el comerciante que no recibe su mercadería, el agricultor que no logra sacar su producción, el piloto que debe gastar más combustible buscando una ruta alterna o la pequeña empresa que pierde un día de operaciones también pagan el costo de la protesta. El ciudadano termina pagando dos veces: por el combustible caro y por las consecuencias del bloqueo.
¿Dónde termina el derecho y comienza el abuso?
Manifestarse es un derecho fundamental. Reclamar ante las autoridades también lo es. Pero ningún derecho puede entenderse como una autorización para perjudicar indefinidamente los derechos de los demás. La carretera no pertenece a un grupo determinado. Es una infraestructura pública que utilizan trabajadores, estudiantes, comerciantes, productores, transportistas, servicios de emergencia y miles de ciudadanos. Por eso, bloquearla como mecanismo de presión debe ser cuestionado. La protesta pierde legitimidad cuando el ciudadano que no participa en ella se convierte en la víctima principal. Y aquí surge otra pregunta que merece hacerse públicamente:
¿Y todas estas movilizaciones buscan realmente reducir el precio del combustible o algunas están siendo aprovechadas para generar confrontación política?
Porque resulta relativamente sencillo convocar a una protesta y exigir que «baje la gasolina». Lo complicado es explicar y hacer entender a los manifestantes que dicho sea de paso ha quedado a luz que los lideres de los manifestantes pertenecen a la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- quienes deben de preguntarse o ¿Cómo se sacan los precios del combustible? ¿Cuál es su propuesta de reducir impuestos? ¿Cómo eliminar determinados costos? ¿Cómo modificar la estructura de comercialización? ¿Cómo aumentar la competencia? ¿Qué significa establecer subsidios al costo de los combustibles? ¿De dónde saldrían los recursos para financiarlos?; La respuesta es que no, extorsionar al ciudadano de se moviliza en las carreteras para cobrarle el peaje y obligarlos a firmar una hoja para solicitar la firma del presidente y su vice mandataria es una vergüenza.
Si alguien propone subsidiar el combustible, debe explicar cuánto costaría y quién pagaría la factura. Si propone reducir impuestos, debe decir qué ingresos dejaría de recibir el Estado y qué programas tendrían que ajustarse. Si plantea controles de precios, debe explicar sus consecuencias. Guatemala necesita propuestas, no solamente consignas manipuladas políticamente.
El problema no se resuelve tomando carreteras, se resuelve primero con la terminación del conflicto de la guerra, segundo con una mesa técnica liderada por el gobierno y congreso con el sector público y social y privado. Pretender que un gobierno puede simplemente ordenar una reducción sustancial del precio, sin consecuencias fiscales o económicas, es engañar a la población. Y peor aún es hacerle creer que paralizando carreteras se resolverá un problema que requiere decisiones económicas. Ni tampoco con la dictadura judicial encabezada por el Magistrado cuestionado y esbirro judicial Molina Barreto en el la solicitud de amparo solicitando la destitución del Ministro de Gobernación y Director de la Policía Nacional, ni hablar del desastre de diputado de Allan Rodriguez.
Guatemala no necesita incendiarse cada vez que enfrenta una crisis. Necesita discutirla. El Gobierno debe explicar con transparencia qué medidas puede adoptar para amortiguar el impacto del combustible. Pero los dirigentes de las protestas también tienen una responsabilidad: demostrar que sus propuestas son técnicamente viables y que no terminarán generando un problema mayor. La protesta no puede convertirse en chantaje, existe una diferencia entre ejercer presión democrática y utilizar la paralización del país como mecanismo de chantaje. Una sociedad democrática debe permitir la protesta, pero también debe proteger al ciudadano que quiere trabajar, circular y desarrollar normalmente sus actividades. No es razonable que unos ciudadanos tengan que renunciar a sus derechos para que otros puedan ejercer los suyos.
El derecho a protestar no debería convertirse en el derecho a paralizar. Si realmente se quiere defender a la población ante el aumento del combustible, hay mecanismos mucho más inteligentes: mesas de diálogo, propuestas legislativas, auditorías de precios, revisión de impuestos, análisis de la cadena de distribución, acciones ante las autoridades y presión política institucional. Eso requiere trabajo, argumentos y números. Guatemala necesita soluciones, no más caos, el país ya enfrenta suficientes problemas: pobreza, desempleo, inseguridad, deficiencias en infraestructura y un alto costo de vida. Agregarle bloqueos y pérdidas económicas no parece una solución responsable. La indignación ciudadana puede ser legítima. Pero la indignación no debe convertirse en irresponsabilidad, si quienes protestan realmente quieren defender al pueblo, deberían preguntarse cuánto dinero pierde ese mismo pueblo cada vez que se paraliza una carretera. Porque al final, el combustible puede estar caro, pero hacer que Guatemala deje de trabajar no lo va a abaratar. Lo único que puede lograr es que el ciudadano tenga todavía menos dinero para pagarlo.
