En Guatemala pocas palabras generan tanta resistencia como “impuesto”. Y probablemente ninguna genera menos simpatía que el IUSI. Para muchos propietarios, el Impuesto Único Sobre Inmuebles se ha convertido en otro cobro que debe pagarse al Estado o a las municipalidades sin que necesariamente exista una percepción clara de qué se recibe a cambio. Por eso, discutir una reforma al IUSI no solamente es legítimo: y necesario, si, pero sin desfinanciar a las corporaciones municipales, con la actual reforma del IUSI las corporaciones municipales va golpear a las Municipalidades que en su desfinanciamiento buscarán otros medios de seguir con el presupuesto con los cuales venían trabajando.
Los vecinos muchos dirán que ya no van a pagar UISI, que se van ahorrar ese dinero, pero que van a decir cuándo su corporación municipal donde es vecino ya no tenga los fondos suficientes para poder suplir la infraestructura y necesidades de la circunscripción municipal donde reside, ¿van a ser igual de críticos?
La reforma del IUSI, que terminó convirtiéndose en el Decreto 18-2026 no nació de una sola persona ni de una sola iniciativa. Hubo varias propuestas que confluyeron en el texto finalmente aprobado.
Pero, ¿Quién la propuso originalmente? Hay que distinguir tres momentos: El diputado Juan Carlos Rivera de la bancada Victoria, en el mes de julio de 2025 presentó una iniciativa para crear un “IUSI justo para la vivienda familiar”, argumentando que la tabla del impuesto estaba desactualizada y que una vivienda de Q. 600,000 podía quedar sometida a la tasa máxima de 9 por millar. Su propuesta buscaba establecer nuevas escalas y exoneraciones para determinados propietarios. Por su parte del diputado José Inés Castillo de la UNE y otros diputados de otras bancas, propusieron la iniciativa 6709. En 2026 tomó fuerza la iniciativa 6709, orientada a reformar la Ley del IUSI. La Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por Cristian Álvarez de la Bancada Creo, emitió dictamen favorable con modificaciones. Esta propuesta tenía un enfoque principalmente social, pero demagogo y con una sola intención quitarle poder a los Unionistas, bajo la consigna de aliviar el pago del IUSI a las familias que adquirían vivienda y proteger a sectores de menores ingresos. Samuel Pérez del ala disidente de semilla y ahora raíces, juntamente con otros diputados propuso en julio de 2026, una reforma más específica sobre el IUSI, bajo el argumento de que el sistema era injusto porque, según ellos, las familias terminaban pagando proporcionalmente más mientras los inmuebles de mayor valor contribuían menos. Lo acompañaron, entre otros, Román Castellanos, Laura Marroquín, Luis Cáceres, Mercedes Monzón, Elena Motta, Byron Obregón, Luis Ventura, David Illescas y José Orlando Pérez.
Pero ¿Por qué finalmente se eliminó el IUSI para la vivienda?
El argumento político central fue “justicia tributaria” y protección de la familia. Los promotores sostuvieron que el IUSI se había convertido en una carga desproporcionada para las familias, especialmente porque la tabla tributaria llevaba décadas sin responder adecuadamente al mercado inmobiliario actual. Lo que debemos preguntarnos es ¿qué clase de reforma necesita Guatemala? En el Congreso de la República se han planteado diferentes propuestas que buscan modificar sustancialmente el impuesto, entre ellas la reducción de tasas y la ampliación de las exenciones. El argumento político resulta atractivo: aliviar la carga de los propietarios, especialmente de quienes poseen una vivienda, y corregir situaciones consideradas injustas.
Pero aquí comienza el verdadero problema, una cosa es reformar un impuesto injusto y otra muy diferente es destruir una de las principales fuentes de ingresos propios de las municipalidades. El IUSI no es simplemente un recibo que llega periódicamente al propietario de un inmueble. Es un impuesto vinculado directamente al territorio y, por lo tanto, a los servicios que las municipalidades deben prestar: calles, alumbrado, drenajes, mantenimiento de espacios públicos, infraestructura y otras necesidades locales. La discusión, entonces, no debería reducirse a la pregunta de ¿cuánto quiere pagar el propietario?, una de las críticas más serias al sistema actual tiene que ver con la actualización de los valores de los inmuebles, la administración del tributo y la capacidad de las municipalidades para realizar una gestión eficiente. Y aquí existe una enorme diferencia entre reformar el IUSI y simplemente bajar sus tasas.
Pero reducir indiscriminadamente el impuesto no soluciona ninguno de esos problemas.
De hecho, puede agravarlos. Una reciente discusión técnica sobre las propuestas de reforma ha señalado precisamente que el problema del IUSI requiere una reforma administrativa y de gestión catastral, y no simplemente reducir las tasas o multiplicar las exenciones. La vivienda debe recibir un tratamiento especial, ahora bien, tampoco podemos caer en el extremo contrario. No es razonable tratar exactamente igual al propietario de una vivienda modesta y al propietario de múltiples inmuebles de alto valor.
La justicia tributaria exige considerar la capacidad económica. Por eso, una reforma seria debería proteger especialmente la vivienda familiar de menor valor, pero sin convertir la protección social en una puerta abierta para que también queden exonerados quienes tienen una considerable capacidad económica. Porque si la solución termina siendo que prácticamente nadie paga, el sistema deja de ser un impuesto municipal funcional y se convierte en una fuente de financiamiento cada vez más débil.
Y entonces surge una paradoja: en nombre de proteger al ciudadano, terminamos debilitando a la institución que debe prestar los servicios al ciudadano.
El populismo tributario también cuesta.
Hay decisiones políticas que son muy populares en el corto plazo y extremadamente costosas en el largo plazo. Decir “vamos a bajar los impuestos” siempre genera aplausos.
Explicar cómo se sustituirán los recursos que dejarán de ingresar es mucho menos popular. Pero gobernar no consiste únicamente en anunciar beneficios. Consiste también en explicar quién pagará la factura.
Las municipalidades necesitan recursos permanentes para financiar servicios permanentes. Si se reduce considerablemente el IUSI, alguien tendrá que compensar esa pérdida. ¿Será el Gobierno central? ¿Serán los contribuyentes mediante otros impuestos? ¿Se incrementarán las tasas municipales? ¿Se reducirá la inversión en infraestructura? ¿Se deteriorarán los servicios? Estas preguntas no pueden quedar fuera del debate legislativo, que nunca hizo un estudio técnico sobre el impuesto, más bien la aprobación fue pensada para afectar figuras con tinte político como los son El Alcalde de la Ciudad Capital, de Santa Catarina Pinula y de Mixco.
El UISI entonces necesita una reforma inteligente, no una reforma electoral, El Congreso tenía una oportunidad histórica de poder convertir la discusión del IUSI en una verdadera reforma tributaria municipal o puede convertirla en otra batalla política donde cada diputado intente presentarse como el defensor del ciudadano frente a un supuesto “impuesto abusivo”. La diferencia entre ambas opciones es enorme.
Una reforma responsable debería incluir, como mínimo:
- actualización y modernización de los catastros;
- mecanismos transparentes para determinar el valor de los inmuebles;
- procedimientos sencillos para que el contribuyente pueda impugnar una valoración incorrecta;
- protección efectiva para propietarios de viviendas de menor valor;
- tasas que respeten la capacidad contributiva;
- controles sobre la administración municipal;
- transparencia absoluta sobre la utilización de los recursos;
- mecanismos eficientes de cobro;
- y una evaluación periódica del impacto financiero de las reformas.
Porque el ciudadano tiene derecho a saber cuánto paga, por qué paga y en qué se utiliza lo que paga. No se trata de defender al IUSI; se trata de defender la responsabilidad fiscal
Quienes critican el IUSI tienen argumentos que deben ser escuchados. Quienes defienden su existencia también tienen argumentos que deben ser considerados. El error sería convertir este debate en una guerra ideológica entre “los que quieren cobrar impuestos” y “los que quieren eliminarlos”, y dejar la demagogia y el populismo de derechas a un lado. El verdadero debate debería ser mucho más sencillo: ¿Cuál es el sistema tributario municipal más justo, eficiente y transparente para Guatemala?
Si el IUSI está mal diseñado o mal administrado, hay que reformarlo, es decir si el impuesto constituye una fuente fundamental de financiamiento municipal, eliminarlo o reducirlo sin establecer una alternativa seria sería una irresponsabilidad fiscal.
Guatemala no necesita más leyes hechas para producir titulares, necesita leyes que funcionen. La reforma del IUSI debe servir para que el ciudadano pague lo justo, pero también para que las municipalidades tengan los recursos necesarios para prestar servicios dignos. Porque al final del día existe una verdad que la política suele olvidar: los impuestos no desaparecen cuando se elimina una ley; simplemente alguien termina pagando el costo por otro lado.
