La deuda es una institución tan antigua como la civilización y el comercio. Los humanos siempre hemos llevado una contabilidad exacta sobre favores hechos y favores recibidos. También los dioses, a nuestra imagen, hacen cuentas. Pedir prestado nos permite adelantar el futuro: sembrar hoy para cosechar mañana, comprar una casa, estudiar, emprender un negocio o financiar una inversión pública o privada. Pero las deudas contienen una paradoja. Son, al mismo tiempo, un instrumento de cooperación basado en la confianza y una posible fuente de dominación y esclavitud cuando por alguna razón se vuelven impagables.
Hace unos cuatro mil años, los sumerios parecen haber comprendido este problema. El término amargi, estuvo asociado con los decretos de liberación que en ocasiones emitían los gobernantes de Mesopotamia, por lo que llegó a significar libertad y estaba vinculado con la cancelación de determinadas obligaciones y deudas. Los decretos no constituían una doctrina general según la cual toda deuda desaparecía, sino que sólo buscaban restablecer el equilibrio social cuando las obligaciones habían llegado a poner en peligro la estabilidad misma de la comunidad.
La lógica era sencilla y sorprendentemente moderna. Si un campesino perdía su tierra porque no podía pagar una deuda, y después perdía su libertad y se convertía en siervo, el acreedor podía haber ganado jurídicamente, pero la sociedad entera probablemente habría perdido. La acumulación de deudas podía destruir la base productiva, reducir el número de campesinos libres y generar costosos conflictos sociales. La cancelación periódica funcionaba, así como una especie de válvula de seguridad del sistema económico.
La tradición bíblica por su parte desarrolló una institución semejante. En el Deuteronomio aparece la remisión de deudas al final del ciclo de siete años, mientras que el Levítico establece el Jubileo, después de siete ciclos de siete años. El Jubileo estaba asociado con la liberación personal, la restitución de tierras y la recuperación de la condición de libertad económica. No se trataba simplemente de premiar al deudor y castigar al acreedor. El objetivo era impedir que una situación económica temporal se transformara en una condición permanente de falta de libertad, temor y servidumbre.
Aquí aparece una pregunta fundamental: ¿la cancelación estatutaria de las deudas aumenta o destruye la confianza social?
La respuesta depende de qué entendemos por confianza. Para el acreedor, la confianza significa que el contrato que ha generado la deuda será respetado y el dinero o la obligación será servida. Es evidente que si el Estado puede cancelar arbitrariamente las obligaciones, aumentará el riesgo de prestar. Los bancos cobrarán mayores intereses, exigirán más garantías y serán más selectivos. La incertidumbre puede reducir el crédito y, con él, la inversión productiva.
Pero también existe otra dimensión de la confianza: la confianza en que el sistema no permitirá que una persona quede atrapada indefinidamente con una deuda imposible de pagar. Una economía en la que el fracaso financiero equivale a una condena permanente tampoco genera confianza. El problema, por tanto, no es simplemente deuda contra cancelación, sino encontrar las reglas que permitan distinguir entre el incumplimiento oportunista y la insolvencia genuina.
Precisamente para lograr eso es que surgieron las modernas leyes de quiebra. En Estados Unidos, por ejemplo, la legislación permite que individuos y empresas insolventes obtengan un nuevo comienzo mediante la liquidación de activos o la reorganización de sus obligaciones. El propio sistema judicial define uno de sus objetivos centrales como proporcionar al deudor honesto un fresh start, al mismo tiempo que procura pagar a los acreedores de manera ordenada.
La diferencia con el amargi es importante. La quiebra moderna no es una cancelación política general de las deudas. Es un procedimiento jurídico bien determinado. Establece qué activos existen, quiénes son los acreedores, quién tiene prioridad y qué parte de la deuda puede ser pagada. De esta manera intenta preservar simultáneamente dos cosas: la posibilidad de una segunda oportunidad a los deudores insolventes y mantener la seguridad jurídica de los contratos.
Sin duda las ventajas de esta solución son considerables. Evita que una empresa económicamente inviable siga destruyendo indefinidamente sus recursos intentando pagar lo impagable. Permite que una persona vuelva a participar en la economía después de un fracaso. Y, paradójicamente, puede fortalecer la confianza en el crédito: el acreedor sabe que existe un procedimiento legal previsible para enfrentar el incumplimiento de su deudor.
Pero también existen riesgos. Si la posibilidad de cancelar deudas es demasiado amplia, puede generarse el llamado riesgo moral: algunos deudores podrían asumir riesgos excesivos porque saben que las pérdidas serán trasladadas a otros. Si, por el contrario, la ley hace prácticamente imposible liberarse de una deuda, el sistema puede producir precisamente aquello que los antiguos jubileos intentaban evitar: concentración antieconómica de la propiedad, la servidumbre económica y la exclusión social.
La lección que va del ama-gi al Jubileo y de éste a las leyes de quiebra modernas no es que todas las deudas deban ser periódicamente borradas. Es algo más profundo: una sociedad necesita mecanismos institucionales para impedir que el cumplimiento de los contratos termine destruyendo la sociedad que hace posibles esos contratos.
La confianza requiere promesas, pero también requiere límites. Un sistema financiero confiable no es aquel en el que todas las deudas se pagan a cualquier precio; sino es aquel en el que todos saben cuándo deben pagarse, qué ocurre cuando no pueden pagarse y cuáles son las reglas para comenzar de nuevo.
Los sumerios lo expresaron con una palabra extraordinaria: amargi es libertad. Quizá comprendieron antes que nosotros que, cuando una deuda se vuelve absolutamente irredimible, no sólo el deudor pierde su libertad. También el sistema pierde su estabilidad y, con ella, la confianza que sostiene al crédito y todo el proceso de la economía.
