Es imperativo vivir una cultura cívico-política en Guatemala, para dar confianza y certeza en los procesos electorales, elegir mediante el voto universal a las autoridades del país, tener consciencia que el sufragio es libre, en una nación república y democrática en bien de todos los que habitamos esta tierra sagrada que nos da vida y progreso, con sus cosas buenas y malas.
Estamos a las puertas de otro proceso electoral, se revive el interés de políticos de viejo cuño para alcanzar puestos de importancia en la administración pública, mediante el voto soberano. La ley dice que “el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas”.
En el proceso electoral del 2023, participaron más de 35 instituciones de derecho público y una veintena de candidatos al Ejecutivo. En la segunda ronda llegaron al balotaje César Bernardo Arévalo de León, por la oposición y Sandra Julieta Torres Casanova, quien por tercera ocasión se postulaba a la Presidencia de la República, por la Unidad Nacional de la Esperanza, institución que fundó, que le ha tenido réditos económicos de millones al negociar a los diputados y alcaldes de su entidad, con los gobiernos de turno, como sucedió con el exmandatario Alejandro Giammattei Falla.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, lograron alcanzar esa posición en un proceso lleno de incertidumbre y desconfianza. Esa entidad está conformada por los togados: Mario Alexander Velásquez Pérez, quien antes de ascender a esa importante plaza era secretario de esa entidad, y experiencia en el ramo electoral, no los otros magistrados Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puac, Sergio Armando Pineda Castañeda y Alfredo Shinner-klée, que escalaron ese codiciado puesto y deben dar certeza y credibilidad, ser fieles lo que dice la ley de la materia que ese organismo tiene “supremacía constitucional”, evitar el bochorno y la ilegalidad constitucional de las anteriores autoridades del Ministerio Público, que intentaron fraguar un “autogolpe de estado”, judicializándose el evento eleccionario con una ley ordinaria que no tiene rango constitucional.
Los funcionarios electorales han tenido reuniones con los dirigentes de los partidos políticos, siendo claros que la democracia debe imperar. Tienen en lista a los políticos que han hecho campañas anticipadas, que por años ha sido un fenómeno que ha contaminado los procesos electorales. Hasta ahora la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es un parche que, por obligación de las autoridades electorales, deben exigir al Congreso, una reforma a fondo de la relacionada ley, que, en sus años de vigencia, ha tenido reformas que no han llegado al fondo de lo que los guatemaltecos desean.
Una de esas grandes falacias que tiene dicha norma, es el financiamiento ilícito no declarado. Hay sectores que, en cada proceso electoral, entregan elevadas sumas de dinero a los dirigentes de los partidos, sin ser identificados, lo que debe evitarse a fondo, también el transfuguismo. Como lo hemos dicho en otros espacios, la mayoría de partidos políticos existentes, no tiene ideología definida, con el correr de los años son empresas comerciantes, que representan sumas millonarias a los dirigentes de esas entidades que venden las candidaturas a diputados y alcaldes.
Los partidos políticos ya iniciaron la campaña electoral, violando la ley. El TSE. investiga a los que han violado la ley y pueden tener prohibición para postularse a puestos de elección popular. La Constitución y la ley que rige en los eventos electorales, debe prohibir la reelección de diputados y alcaldes, que en el correr de los años, se han aferrado a las curules y a las varas edilicias, fomentando la corrupción, que ha sido un mal endémico por años.
Se debe ser muy estricto en la inscripción como entidades de derecho público y exigir a la Contraloría General de Cuentas, audite a los partidos políticos, sancionarlos de acuerdo a derecho, para que la población tenga confianza en sus gobernantes.
Hay más de ocho millones de ciudadanos empadronados para el proceso electoral próximo, más los que radican en el extranjero. Las autoridades electorales han exigido les sitúen los fondos millonarios para los comicios generales próximos.
Las autoridades electorales, tienen que librar un desafío en los ciudadanos que conformarán las juntas electorales municipales, departamentales y las mesas receptoras de votos para no ser atrapadas, como sucedió en las elecciones pasadas que el proceso se judializó, se enjuicio a los magistrados electorales, de las juntas municipales y departamentales, siendo esto una clara violación a la Constitución, que se prestó el corrupto juez Fredy Orellana, magistrados de las cámaras de alzada y magistrados de la anterior Corte de Constitucionalidad, que se pasaron por el arco del triunfo lo que dice la Ley y la Carta Magna, que deberían ser juzgados por traidores y vende patrias.
