En la era política-jurídica guatemalteca, las agrupaciones indígenas de varias etnias han marcado historia y serán un claro ejemplo para las generaciones venideras que la voluntad del pueblo expresada en las urnas, no puede ser mancillada por grupos corruptos o entidades como el Ministerio Público. Políticos que han sido rechazados al no lograr sus objetivos para dirigir los entes del Estado. Por varios días esos grupos han sido claros y seguros en sus pretensiones y hasta ahora su objetivo: es la destitución, o renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y el juez penal Fredy Orellana y miles de guatemaltecos se han unido a ese clamor popular.
El sector privado no apoyó a los protestantes al ver mermado sus intereses económicos por los bloqueos. El Ministerio Público, accionó en los tribunales para que la fuerza pública, desalojara las carreteras y áreas tomadas por los indígenas, que obligó al exministro de Gobernación Barrientos a renunciar y negarse al uso de la fuerza, para desalojar las áreas tomadas por los inconformes.
Por varios días los dirigentes indígenas, sin intereses políticos, se mantienen apostados en las áreas de las oficinas centrales del MP exigiendo la destitución o renuncia de los funcionarios que tratan de impedir la toma de posesión de los elegidos en los comicios de junio y agosto. Han dejado su trabajo y sus familias los han acuerpado en sus demandas, conscientes que “solo el pueblo salva al pueblo”. Que las acciones del ente investigador de secuestrar con lujo de fuerza el material electoral y allanar las oficinas centrales del TSE que tienen como objetivo, impedir la toma de posesión de los elegidos en los comicios.
La comunidad internacional y miles de guatemaltecos coinciden con las demandas de las etnias de Totonicapán, Sololá, Quiché y de otras áreas, y quedara signado en la historia, que los grupos de esas etnias, actúan con pleno derecho, que la voluntad del pueblo no puede ser mancillada por el pacto de corruptos, que son a no dudar, los que presionan al presidente Alejandro Giammattei, para que los nuevos magistrados, en octubre del años entrante, sean reelegidos y así, blindarse de las acciones que podrían promover el próximo gobierno, de los actos de corrupción, que por años han saqueado la hacienda pública y están en un callejón sin salida y, es incierto su futuro y no saben dónde refugiarse al dejar sus cargos, al ser tachados por los EE. UU. y los países Europeos, por corruptos y no idóneos.
Es desafortunado el papel que han tenido los dirigentes de los partidos que perdieron la presidencia y diputaciones. Su silencio es una clara complicidad que apadrinan la permanencia de Porras y los otros funcionaros, a sabiendas que su rechazo es unánime y es claro que los dirigentes indígenas han dejado una base para que en el futuro, la voluntad del pueblo prevalezca y es indigno que una ley ordinaria, no puede ser superior a una Constitucional y los atropellos en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, dieron la pauta, para que los hermanos indígenas, se pusieran al frente y actuaran con la firme voluntad de la autoridad que están investidas.
El pueblo debe unirse y no permitir el atropello que los grupos que tratan de socavar la democracia y los próximos días deben ser de vigilia y que se cumpla la voluntad expresada en las urnas por miles de guatemaltecos, que luchan por un cambio profundo y que los corruptos sean enjuiciados y condenados.
