Desde hace años el sistema de justicia está en letra muerta. Los jueces resuelven a conveniencia según el momento político.
Esto ha quedado evidenciado con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, que actúa con interés sectario. No encuadra sus resoluciones a lo que regula la Constitución, como ha quedado demostrado con el frustrado aspirante presidencial Pineda, al certificar lo conducente al Ministerio Público, para que investigue la inscripción de los candidatos del Partido Prosperidad Ciudadana, al declarar sin lugar el nominado del PC. por la resolución de una Sala de Apelaciones, que se plegó al grupo de Baldizón.
La Fiscalía de Asuntos Electorales del ente investigador, debe analizar a fondo la resolución del Registro de Ciudadanos del TSE. que avaló la asamblea del Partido Prosperidad Ciudadana y la nominación de los candidatos a la presidencia, diputaciones al Congreso, al Parlacen y las Municipalidades, que adolecía de “certeza”, al no cumplir con lo que dice la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que originó que “meses después” de haber aceptado la inscripción del candidato Carlos Pineda, con irregularidades de forma y fondo.
Indigna la torpeza jurídica de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que preside Juana Solís González, que dio trámite a la apelación de Baldizón, con pleno conocimiento que el informe que evacúo el amparo el Registro de Ciudadanos, hubo irregularidades en dichas asambleas, lo que dio origen que el agraviado Pineda, apelara a la CC. que declaró sin lugar la apelación y ordenó certificar lo conducente, para determinar por qué el Registro de Ciudadanos, había inscrito a los candidatos de tal entidad, con pleno conocimiento que en las dos asambleas, no se había cumplido con lo que dice la ley de la materia en esa clase de actividades políticas.
Da vergüenza que todas las instituciones Estado estén cooptadas y obedezcan consignas para favorecer a unos y perjudicar a otros. Se vedó la inscripción del binomio de Thelma Cabrera y Jordan Rodas, Roberto Arzú y Oscar Rodolfo Castañeda, aspirantes al Congreso y Corporaciones edilicias. Pineda no descansa en decir que se le violó su derecho de ser candidato presidencial, como venganza política al denunciar que, si ganaba, su objetivo era: combatir la corrupción y procesar a los corruptos y ha recurrido a todas las instancias legales, para revertir el fallo del TSE. que violó sus derechos de participación.
El Tribunal Supremo Electoral, será responsable lo que sucederá en las elecciones generales del 25 de junio, al actuar parcialmente. Pineda y los otros afectados al vedarse su derecho de postularse a la presidencia, han coincidido en llamar a la población al voto nulo, como rechazo al sistema corrupto que tenemos desde hace más de tres décadas. Los ofrecimientos que hacen la mayoría de los candidatos son promesas falsas y populistas, como ha sido normal, desde hace años, que no cumplirán. Es aquí, donde la población debe armarse de valor y analizar a cada uno de los aspirantes a puestos de elección popular: sean honestos, idóneos con capacidad que tengan como meta principal combatir la corrupción y procesar a los corruptos.
De comprobar el MP. que hubo dolo en el caso de Pineda, se les debe juzgar, a los funcionarios electorales para sentar un precedente. El Tribunal Supremo Electoral, será responsable directo de los incidentes que podrían darse antes y después de las elecciones, por su incapacidad y parcialismo. En voz baja se habla de fraude y de hechos que ojalá sean simples rumores callejeros.
