Hasta ahora, ningún gobierno ha logrado dirimir el conflicto “supuestamente territorial” que por años ha mantenido en jaque y en una pugna constante los pobladores de los municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá y Tajumulco e Ichiguan, San Marcos, que ha dejado víctimas inocentes y recientemente la muerte de un oficial del ejército que quedó en medio del fuego cuando los pobladores de los municipios marquenses se enfrentaron a balazos. Los habitantes de Nahualá, exigen al Gobierno de cumplimiento a la resolución que dicto el juzgado de instancia departamental, que ordeno a Gobernación les brinde seguridad; para hacerse oír han hecho bloqueos perjudicando a economía nacional, causando millonarias pérdidas.
El conflicto en esos municipios es de larga data. El vicepresidente Guillermo Castillo, en incidentes anteriores, inspeccionó las zonas en controversia, pero no logró su objetivo como es terminar con la inconformidad de años ancestrales. El impresentable diputado sololateco y expresidente del Congreso Allan Rodríguez, es un simple espectador de los incidentes y no tiene la menor pisca de vergüenza, es tan descarado que pretende su reelección sabiendo que sus coterráneos lo rechazan por incapaz.
Giammattei, en varias ocasiones ha intentado mediar entre los vecinos sololatecos, pero no ha logrado su objetivo. El Gobierno debe cumplir lo que dice el artículo 1º. de la carta magna “protección a la familia”; su fin supremo es la realización del bien común. Normas que hasta hoy son letra muerta porque los incidentes seguirán y habrá más víctimas.
Las autoridades están obligadas a mantener presencia en todas las áreas de conflicto de los municipios sololatecos y marquenses, cumplir con la resolución judicial. De lo contrario las heridas que tienen los habitantes de los cuatro municipios serán muy difícil de cicatrizar, sino se tiene la voluntad política de actuar con el rigor de la ley y respetando los derechos humanos, la situación seguirá dejando una estela de inconformidad, muerte y odio entre los habitantes de las cuatro regiones del occidente.
Sin embargo, esos incidentes tienen sus aristas y van más allá de lucha de linderos y áreas limítrofes. El narcotráfico es otro de las grandes barreras que se interponen entre los habitantes, que son manipulados por mexicanos que comercian con droga y son los que los inducen bajo pena de muerte que les cedan sus áreas de terreno para sembrar el alucinógeno y los proveen de armas de alto calibre, similares las que usa el ejército. Es aquí, donde el Ministerio Público, en coordinación con las fuerzas de seguridad deben, unir esfuerzos para erradicar la siembra de amapola, marihuana. En caso contrario los incidentes y la pugna entre los vecinos y autoridades locales será una nueve negra de inconformidad y los políticos de la región, pueden aprovechar de esos incidentes para lograr su objetivo, como Allan Rodríguez, que de la nada saltó al Congreso y compro a los diputados y dirigió en dos periodos la presidencia del Organismo y dejó sentada a su sustituta Shirley Rivera, que es tan incapaz, como él.
