Walter Juárez Estrada
El Congreso finalizó sus actividades legislativas e irresponsablemente por cuestiones políticas no cumplió con la sentencia de la 7ª Magistratura de la Corte de Constitucionalidad, que resolvió que los diputados eligieran de viva voz razonada a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros tribunales Colegiados, lo que obliga al pueblo a no quedarse callado y no ser cómplice del contubernio de los diputados que obedecen consignas del ejecutivo que ha sido el más interesado que los citados jueces sigan en el cargo, por más de cinco años como regula la Constitución.
Los legisladores para lavarse la cara y limpiarse el rostro de la corrupción, antes que finalice el año debe la junta Directiva, convocar a sesiones extraordinarias con exclusividad proceder a la renovación de los magistrados, de no hacerlo se vuelven cómplices y es aquí, donde el pueblo debe pronunciarse para que el evento se efectúe este año, porque el año entrante los diputados que pretenden reelegirse abandonarán sus curules y se concentrarán en sus distritos pidiendo el voto de sus simpatizantes.
La obligación en resolver ese entuerto y contubernio de corrupción, le compete a la presidenta del Legislativo Shirley Rivera Saldaña y dirimir ese conflicto y no permitir más la alzada, pues de no hacerlo el pueblo debe pronunciarse y reivindicar las protestas de agosto de 2015, cuando en las plazas públicas y de la Constitución, pidió la renuncia de los corruptos Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti y la gavilla de ladronas que robaron hasta no poder y enfrentan varios procesos judiciales y se espera que la sentencia sea condenatoria y se les obligue a resarcir al Estado el dinero mal habido que es de varios millones, afectando la pobreza y a gente que tiene que emigrar y exponerse a la muerte.
La fiscal general Consuelo Porras, por ley debe exigir a los diputados que cumplan con lo que regula la carta magna y la sentencia de la anterior Corte de Constitucionalidad, de no hacerlo, se estaría sospechando que ella forma parte del pacto de corruptos. El artículo 214 de la Constitución es claro y dice que los magistrados de dicha corte serán electos para un período de cinco años con derecho a reelección, pero por la corrupción que ha sido la columna vertebral de los últimos gobiernos, los togados llevan más del tiempo que dice la ley. Eso es delito que de oficio debió perseguir la fiscal Porras, porque el 13 de octubre anterior los jueces mayores han excedido sus funciones, para resolver sentencias a favor de los corruptos y por supuesto, atrás de esta sucia maniobra, podría estar el presidente Alejandro Giammattei, que le dice a su bancada a los aliados, que atrasen la elección, procesen a jueces, fiscales y periodistas.
En los dos años que el impresentable expresidente del Congreso Allan Rodríguez, estuvo al mando del Legislativo intentó realizar la elección que se vio frustrada al romperse el quórum con el pretexto que estaban en curso varias interpelaciones de Ministros, pero ahora creemos que para salir de ese entuerto, es necesario que antes que finalice el año se realicen sesiones extraordinarias para proceder a cumplir con la sentencia relacionada, de no hacerlo se estaría violando la carta magna, porque llegarán a los diez los magistrados y seguirán en los cargos, resolviendo a favor de los corruptos y encausando a jueces honestos, fiscales que no se han plegado a las órdenes de Porras, para encausar a los periodistas independientes que muchas veces se autocensuran para no ser enjuiciados como José Rubén Zamora Marroquín cuyo delito es: decir la verdad tal como es…
