Walter Juárez Estrada
Guatemala, en los últimos años está sumergida en una vorágine de corrupción, que obliga a los guatemaltecos a cerrar filas y ponerse al frente de éste maremágnum, que puede traer consecuencias fatales. En los años de la administración de Alejandro Giammattei, la situación ha tenido un giro de retraso y criminalización contra operadores de justicia, fiscales y comunicadores sociales, quienes dejaron el país y se refugiaron, algunos en los Estados Unidos, que les ha brindado apoyo consciente que la verdad y la justicia tiene que florecer y encausar aquellos funcionarios corruptos que se han asociado para criminalizar a jueces probos.
La exjueza Erika Lorena Aifán, hubo de dejar el cargo y denunciar contra los que ella juzgó y condenó, de acuerdo a su consciencia. Ahora le ha tocado el turno al juez de alto impacto, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, a igual que otros operadores de justicia, ha sido probo y honesto. Resulta incómodo que se inició una cacería e imputaciones en su contra, luego que condenó dentro del debido proceso y la sana crítica razonada, a un grupo de militares y expolíticos en el llamado “diario militar” y es blanco de imputaciones y amenazas.
Las amenazas contra el juzgador son espurias para criminalizarlo. La imputación contra el juzgador tiene su razón: actuó y condenó en base a las pruebas que le presentó el MP y las víctimas que fueron blanco de militares y expolicías. Las amenazas contra Gálvez, van más allá. Se abrió una denuncia contra él, supuestamente por prevaricador, llegando al descaro el MP de darle trámite a pesar que no hay medios de prueba que sustenten que actuó ilegalmente.
Pero las amenazas contra el juez de alto impacto, no son nuevas. El agraviado hubo de pedir protección internacional al saber que su vida peligra como ahora. El Organismo Judicial debió actuar desde el mismo momento en que la víctima formuló la denuncia y actuar con arreglo de lo que norma el artículo 60 de la ley del OJ, que dice que se le debe dar protección a los jueces cuando consideren que su vida peligra. La resolución de los magistrados de la CSJ es simple sin ningún apoyo al Juez Gálvez, quien hace años fue homenajeado al igual que el exfiscal Juan Carlos Sandoval, por la APG.
Es así, que se quiere obligar al juez Gálvez, a renunciar y tenga el mismo camino de 24 operadores de justicia que están en un “exilio forzado”, al conocer que su vida estaba en peligro por haber sido honestos y no corruptos como se les quiere tachar. Pero la cacería no está solo contra los juzgadores y los fiscales. Comunicadores sociales han denunciado que son víctimas de acoso y amenazas. Varias organizaciones nacionales e internacionales se solidarizan con el juzgador. Recientemente se asesinó a un excandidato a diputado que preparaba una marcha de protesta en solidaridad de dicho funcionario, hecho que no se aclara. Se debe interpretar que es un “aviso”. El MP está obligado a desentrañar de dónde vienen las amenazas contra Gálvez y quién mató a ese político. De quedar las cosas en el olvido, podríamos anticipar de dónde vienen esos hechos, a quiénes hay que señalar como cómplices directos.
Desgraciadamente como lo hemos dicho en otras ocasiones, ser honrado en Guatemala, es un crimen. Vivimos en una era de terror y criminalización y da vergüenza que el Congreso, no proceda a elegir a los nuevos magistrados de la CSJ y salas de apelaciones, que, en octubre, cumplen 3 años de seguir en el cargo y todos sabemos que son corruptos y obedecen consignas espurias.
