Con una aceptación ciudadana que apenas supera el 21% (Mitofsky, 2022) y en un acto semiprivado, ante un escaso grupo de invitados rigurosamente escogidos, el presidente Alejandro Giammattei presentó su tercer informe de gobierno, el pasado 14 de enero, manipulando cifras y datos para aparecer como un gobernante exitoso.
Ante el Cuerpo Diplomático y una escasa y sumisa concurrencia, el mandatario presentó un informe centrado en presuntos “logros” y sostuvo que, pese a las adversidades internacionales, “Guatemala no se detiene”, su socorrida consigna, convertida en una política de gobierno, desde 2021. Lamentablemente, lo que realmente no se detiene es el retroceso de Guatemala en los indicadores de pobreza, desnutrición, desigualdad, corrupción, inseguridad ciudadana, degradación ambiental y desprotección de la democracia, como señala Human Rights Watch, en su Informe Mundial 2023.
Utilizando frases altisonantes, el mandatario enumeró los alcances de su gestión, en un discurso muy cuidado, y al finalizar aseguró que “los logros de 2022 son solo una pincelada de todo lo que hicimos” el año pasado. “Hemos avanzado mucho, hemos logrado mucho”, expuso el gobernante ante el aplauso de los asistentes.
“Pese a la pandemia y el surgimiento del conflicto bélico (en Ucrania) hemos cumplido de forma indeclinable los objetivos y metas de desarrollo que nos propusimos y que responden a la necesidad de la población”, subrayó. Tal aseveración suena hueca y sin contenido, si se considera que alrededor del 59% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y uno de cada dos niños sufre de desnutrición.
A pesar de sus falsedades e inexactitudes, el gobierno hizo un esfuerzo significativo para divulgar el citado informe, pues el discurso presidencial se replicó en 245 municipios y el documento se envió profusamente a miles de ciudadanos, vía mensaje telefónico; a mí me llegó dos veces, un día antes de la presentación y dos días después de la misma. Con más de 200 páginas, bien diagramadas, el informe cuenta con un resumen ejecutivo de 45 páginas, bien editado, que lo hace manejable para encontrar las falacias y medias verdades que le permiten a Giammattei sostener que “Guatemala no se detiene”.
El tercer informe de gobierno fue formulado en torno a cinco ejes: economía, competitividad y prosperidad; desarrollo social, gobernabilidad y seguridad en desarrollo; Estado responsable, transparente y efectivo; y relaciones con el mundo.
En relación con el primer eje, resaltó logros en competitividad y en el mejoramiento de las condiciones para la inversión extranjera. Además, indicó que el año pasado, con un 4% de crecimiento, la economía de Guatemala fue la que mejor desenvolvimiento tuvo de la región, lo cual no es cierto. También resaltó una mejora de las calificadoras internacionales, un incremento de la recaudación tributaria y el crecimiento de la formalización del mercado laboral, aunque la CEPAL sostiene que el trabajo decente es una asignatura pendiente en el proceso de recuperación pos pandemia de América Latina (AL).
También destacó el déficit fiscal de 1.7% y una carga tributaria del 12.1%, obviando el incremento inflacionario del 9.24%, el más alto en los últimos 14 años. “Muy pocos países pueden presumir de la solidez económica que tenemos nosotros”, aseveró ufano Giammattei.
En su discurso, Giammattei volvió a insinuar que el incremento de las remesas es un logro de su gobierno, informando que el dinero que enviaron los guatemaltecos en el exterior sumó, el año pasado, U$18 mil millones, un monto superior a las exportaciones, que alcanzaron U$15 mil millones. Se celebra así, un esquema perverso en el que los guatemaltecos más pobres son expulsados del país y, desde el exterior, terminan sosteniendo la economía excluyente y clasista que les negó la posibilidad de desarrollarse en su terruño.
En materia social, uno de los programas que el mandatario más destacó fue “el logro de la cobertura de más de 147 mil personas beneficiadas con el programa de aporte económico del adulto mayor, con una inversión superior a los Q769 millones”. Sin embargo, el aporte mensual de Q500 mensuales a adultos mayores en estado de extrema pobreza es siete veces menor que el costo de una Canasta Básica Alimentaria en Guatemala, que en diciembre costeó Q3 mil 634, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.
En materia de salud, en el país se han aplicado alrededor de 20 millones de dosis de vacuna en contra del virus Covid, pero solo poco más de siete millones de personas han sido vacunadas con esquema completo. Si a esto se le suma que aún persisten 227 municipios en los que el porcentaje de población que no cuenta con esquema completo supera el 50 por ciento, se evidencia una situación que impide generar la inmunidad de rebaño, de acuerdo con el tablero de vacunación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
El Ministro de Salud informó que: “Se entregaron 1.7 millones de bolsa de alimento complementario y fortificado a niños y niñas menores de 5 años con vulnerabilidad de desnutrición”. A contrapelo, el ICEFI ha advertido que, en 2022, ese Ministerio recortó en 23.1%, equivalente a Q297 millones, la asignación presupuestaria del programa de prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica, “perjudicando principalmente la dotación de micronutrientes para niñas y niños menores de 5 años, agudizando la tragedia de la desnutrición crónica infantil en Guatemala”.
Mientras el gobierno asevera que “Fueron mejoradas las herramientas de transparencia y rendición de cuentas”, Transparencia Internacional (TI) advirtió, a inicios del 2022, que Guatemala fue uno de los países que más cayó en la clasificación de percepción de corrupción, obteniendo 25 puntos y ubicándose en el puesto 149. Según TI, esto fue provocado por la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en 2019, y por la gestión opaca del gobierno durante la pandemia.
En su Informe Mundial 2023, Human Right Watch concluye que “El presidente Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en Guatemala, en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, incluso en los más altos niveles del Estado”. Además, sostiene que según Americas Society y Council of the Americas, Guatemala es el décimo tercer país, entre 15 países latinoamericanos, en cuanto a su capacidad para detectar, sancionar y evitar actos de corrupción, y experimentó la caída más importante en esa clasificación en 2021.
Finalmente, mientras Giammattei sostiene como un logro relevante de su gestión la libertad de prensa, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) asevera que “las acciones del gobierno de Giammattei y sus aliados en el sector político y privado causaron 107 ataques y limitaciones a la libertad periodística”.
Como evidenciamos, tenemos un tercer informe de gobierno en el que Alejandro Giammattei se encapsula, como en una burbuja de cristal, mientras los hechos evidencian que el retroceso de Guatemala no se detuvo.
