Por: Adrián Zapata
El Ministerio Público de Guatemala ha tomado una decisión que sin duda causa sorpresa internacional, al pretender la captura de un Ministro de la Defensa de otro país, me refiero a don Iván Velásquez, quien ejerce tal cargo en el gobierno colombiano presidido por Gustavo Petro. Son previsibles diversas reacciones internacionales. El Presidente colombiano ha dado el primer paso en esta dirección al llamar a consulta a su embajadora en Guatemala, primer paso que evidencia el desagrado diplomático ante esa acción. Pero, además, dijo que “Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer en ese país”, lo cual podría significar la antesala de una ruptura de relaciones diplomáticas.
La declaración de la Fiscalía Especial contra la Impunidad afirma que “… emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de CICIG Iván Velásquez”. El caso en el cual pretenden involucrarlo es el de la empresa constructora Odebrecht, conocida por sus actividades corruptas en varios países de América Latina. Según el criterio de la fiscalía es cuestionable la aprobación de Velásquez de acuerdos de cooperación con dos directivos de dicha empresa.
El Ministro Iván Velásquez respondió inmediatamente emitiendo un comunicado donde rechazó esas acusaciones y afirmó que su trabajo en Guatemala se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG.
Por su parte, el Presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de twitter también dijo “Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”. Y esa es la frase que me interesa resaltar, con la cual he titulado la presente columna.
Considero pertinente referir que la derecha colombiana rápidamente ha reaccionado afirmando, según algunas publicaciones de prensa, “que el Ministro afronta un trance vergonzoso y sugirieron la posibilidad de su renuncia”. Estas declaraciones no sorprenden, ya que esa derecha, seguidora de Álvaro Uribe, no le perdona haber destapado el conocido escándalo de la parapolítica en Colombia, el cual “terminó en la captura de más de un centenar de funcionarios, 50 de ellos congresistas.” (Infobae). Hay que recordar que don Iván Velásquez y su familia fueron objeto de persecución ilegal por parte del gobierno de Álvaro Uribe, hecho ya reconocido en una orden judicial del año 2021 (Julián Martínez, columnista de Pares).
Pero regresando al grosero atrevimiento del Ministerio Público que hoy comento, me parece que es expresión de la voluntad política de la Convergencia Perversa que ha cooptado la institucionalidad estatal y que consiguió, no sólo revertir los logros de la CICIG, sino que retrotraer la situación de corrupción e impunidad a condiciones aún peores de las que existían antes de ella. Podemos reconocer los errores cometidos por este experimento de Naciones Unidas en Guatemala, pero eso no puede justificar, de manera alguna, este inverosímil acto de la Fiscalía. El análisis de esta conducta rebasa los meros razonamientos jurídicos, sustantivos o procesales. Su intención es eminentemente política. La Convergencia Perversa quiere asegurarse que “nunca más” se atente contra ellos (algunas élites empresariales tradicionales y emergentes, redes político criminales y narcotráfico subyacente) y que el Estado en su conjunto los proteja y esté al servicio de sus particulares intereses.
A los altos funcionarios del Ministerio Público no les preocupa ningún costo político, nacional o internacional. Cualquier atrocidad que hagan es únicamente una mancha más al tigre. A estas alturas, ellos necesitan de la impunidad. Por eso es acertada la frase de Gustavo Petro ya citada, efectivamente la corrupción en Guatemala pasó de ser perseguida a ser perseguidora de quienes la persiguieron (perdón por la intencional repetición de palabras).
Para terminar este breve análisis digo que no es casual el momento en que se produce esta acción del Ministerio Público. Estamos a las puertas del inicio del proceso electoral, que arrancará esta semana con la convocatoria correspondiente. Se trata de que la institucionalidad estatal involucrada en los comicios, (Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad) manipule el proceso para favorecer a los contendientes oficialistas y evitar la participación y posibles triunfos de los actores de oposición. Esta acción del MP muestra de manera explícita la decisión de la Convergencia Perversa de mantener la cooptación ya comentada, sin importar los costos. Total, su legitimidad ya está perdida.
