Víctor Ferrigno F.
A la memoria de los 28 dirigentes del Comité Nacional de Unidad Sindical, asesinados el 1 de mayo de 1980.
El pasado 26 de abril, la Corte de Constitucionalidad (CC) volvió a declarar ilegal las operaciones de extracción de níquel en El Estor, e invalidó la consulta amañada realizada por el gobierno en diciembre del año pasado, dándole la razón a los comunitarios que se han opuesto a las operaciones mineras, exigiendo una consulta libre, previa e informada (CLIP), de buena fe, a sus autoridades legítimas, como señala el Convenio 169 de la OIT.
El derecho de los Pueblos Indígenas a ser consultados por el Estado constituye una forma de ejercer un derecho superior: el de libre determinación, sin el cual no hay democracia, ni legalidad institucional, ni legitimidad del poder público. Este es el andamiaje republicano que destruyeron en El Estor, con desfachatez, amparados en fraudes de ley.
En 1971, el mandatario Carlos Arana Osorio, el chacal de oriente, otorgó 385 Kms. cuadrados a la empresa minera canadiense Exmibal, provocando alzamientos de las comunidades q’eqchis que fueron despojadas militarmente de su territorio ancestral. Las licencias caducaron en 2005, y al año siguiente Oscar Berger las renovó sin realizar la CLIP, estando ya vigente el Convenio 169 de la OIT. En 2011 los derechos mineros espurios son adquiridos por la empresa suiza Solway Investment Group, con capital ruso, ese ente corruptor que regala alfombras mágicas repletas de dinero, a cambio de prebendas.
Las comunidades q’eqchis se inconformaron, promovieron un litigio estratégico y, en 2019, la CC falla a su favor, estableciendo que se suspendan las operaciones mineras, hasta que se realice la CLIP. El año pasado, con el apoyo de Giammattei, la minera siguió operando, ignorando la sentencia de la CC, por lo que en octubre, los comunitarios bloquearon el paso de camiones y exigieron la debida ejecución de la sentencia.
El gobierno respondió con represión, estableciendo Estado de Sitio, y al día siguiente el Congreso lo ratificó con mayoría simple, contraviniendo la Carta Magna. Suspendieron varias garantías constitucionales, y reprimieron la libertad de expresión en el área, derecho que ninguna ley puede limitar. Varios periodistas comunitarios fueron perfilados y amenazados por fuerzas de seguridad estatales y agentes de la minera.
Ignorando lo resuelto por la CC, la mina siguió operando y, a finales de 2021, en un territorio militarizado, el Ministerio de Energía y Minas, que es la autoridad demanda por los amparistas Maya Q’eqchi’, inició un proceso de consulta amañado, dejando fuera a más de 90 comunidades que se oponían al funcionamiento de la mina por el daño ambiental que está ocasionando en el lago Izabal. Esa consulta ilegal, que no cumple los estándares internacionales, acaba de ser invalidada por la CC.
El pasado 26 de abril, la CC revirtió todo lo actuado al ordenar que, por la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la petición inicial de los comunitarios Q’eqchi’ de que se suspendiera la extracción de níquel mientras no hubiese consulta, debía de revertirse todo lo actuado, desde que los amparistas solicitaron a la CC, en julio de 2021, que obligara a la CSJ a responder a la petición de suspender la operación minera, incluyendo a la CLIP de diciembre de 2021.
Por ahora, la explotación del níquel es ilegal, ha quedado al descubierto el contubernio con la mina de Solway/CGN de parte de Alejandro Giammattei, su ministro de Energía y Minas, el Ministerio Público y los diputados del Pacto de Corruptos que votaron por el Estado de Sitio. Por su parte, los comuneros demandan la debida ejecución de la sentencia de la CC, y el respeto a su derecho a la libre determinación.
Esta cauda de corruptelas e ilegalidades son las causas por las que Alejandro Giammattei es el segundo peor evaluado (21%) de los presidentes de Centroamérica (Mitofsky y TResearch) y, aunque tarde, tendrá que responder ante la justicia.
