Samuel Flores

Periodista, fotógrafo y catedrático universitario, interesado en la recuperación de la memoria histórica del periodismo en Guatemala. Comprometido con la formación académica de la juventud mediante la investigación, verdad y justicia. Opositor a la corrupción, despilfarro y excesos cometidos por los gobernantes y funcionarios que se han enriquecido a base de la pobreza extrema de la población principalmente en el área rural.

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Samuel Flores

Uso excesivo y no controlado de agrotóxicos que producen deficiencia renal en los trabajadores; contaminación de ríos, mortandad de peces, violación a los derechos laborales con pagos mínimos por extensas jornadas de trabajo, enfermedades de la piel y gastrointestinales, son algunos de los impactos que produce la siembra de la caña de azúcar y palma aceitera en Guatemala, El Salvador y Honduras.

Esas conclusiones se generaron durante el seminario “Impactos de los monocultivos en Centroamérica”, en el que participaron las organizaciones CORDES, El Salvador; ANAFAE, Honduras; CONGCOOP, Guatemala, y GPAE, Nicaragua. Las operaciones de los ingenios que exportan azúcar desde El Salvador únicamente producen un empleo temporal que abarca 3 o 4 meses al año, pagan bajos salarios que alcanzan los 6 dólares, (unos Q45 diarios); enfermedad crónica renal por trabajar todo el día bajo el intenso sol -sin disponer de agua potable para hidratarse-; disminución de la flora y fauna, deforestación.

En su ponencia, ANAFAE –Honduras-, afirma que los mínimos ingresos que genera la agroindustria vinculada al monocultivo, no se comparan con la marcada ausencia de condiciones de trabajo digno, desvío y contaminación de fuentes de agua, escasez de alimentos y ausencia de centros y puestos de salud para atender a la población damnificada. Las plantas de palma aceitera se instalan en áreas con fuentes hídricas y suelo fértil, en medio de poblaciones vulnerables integradas por niños, mujeres, adultos de la tercera edad, caracterizada por la débil presencia del Estado, con falta de institucionalidad y ausencia de garantías a los derechos laborales con un respaldo estatal a la denominada agroindustria.

Por su parte, CONGCOOP, remarcó que en Guatemala y El Salvador se registra una creciente ola de judicialización y criminalización contra los defensores de los bienes naturales de las poblaciones que denuncian los efectos negativos que producen los monocultivos. Esas violaciones y contaminación del ambiente son mucho más severas a medida que se incrementa la denuncia de las comunidades afectadas. Además, incrementa las disputas territoriales y conflictividad agraria.

Una conclusión general es que los productores de monocultivos y agroindustria exportan desde Centroamérica materia prima, dejando los impactos negativos en sus países de origen; mientras, los países industrializados se quedan con la mayor ganancia al procesar la materia prima que produce la caña de azúcar y la palma aceitera.

Ante esa realidad, recomiendan el fomento de espacios de diálogo entre los entes involucrados para que defiendan los intereses de las comunidades, así como apoyar alternativas productivas, de ingresos para la población, que privilegien la soberanía alimentaria, por encima de la visión meramente extractivista de los territorios.

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