La discusión sobre la eutanasia, por su etimología “buena muerte”, suele comenzar con una pregunta aparentemente sencilla: ¿tiene una persona el derecho a decidir cuándo terminar con su vida si padece una enfermedad incurable y un sufrimiento que considera insoportable? Detrás de esta pregunta existe otra mucho más grave: ¿qué significa ser libre cuando se está frente a la muerte?
Una encuesta reciente en Ciudad de México señala que 86% de los entrevistados está de acuerdo con legalizar la eutanasia. El dato es significativo porque muestra hasta qué punto ha cambiado la percepción social de la muerte asistida. Y el debate deja de ser una cuestión puramente teórica cuando se ve que Nueva York acaba de poner en vigor una legislación que permite, bajo determinadas condiciones, la asistencia médica para morir.
La discusión puede abordarse con el filósofo Emanuel Kant. Para el pensador alemán, la dignidad humana no depende de la utilidad, ni del bienestar o de la capacidad productiva de una persona. El ser humano posee dignidad porque es un fin en sí mismo. Kant rechazaba el suicidio porque consideraba que utilizar la propia vida como medio para escapar del sufrimiento atentaba contra el deber absoluto hacia la propia dignidad. La interpretación kantiana tradicional, por tanto, encuentra un obstáculo insalvable a la eutanasia: si la dignidad es inherente a la persona, no puede depender de la calidad de la vida ni desaparecer cuando la enfermedad la deteriora.
Pero existe una posible paradoja. La misma tradición filosófica que coloca la dignidad en el centro también concede una importancia categórica a la autonomía. Si una persona racional es capaz de determinar sus propios fines, ¿puede el Estado imponerle una determinada concepción de lo que significa vivir dignamente?
Aquí deberíamos considerar a John Stuart Mill. Su principio de libertad sostiene que, mientras las acciones de una persona no causen daño a otros, la sociedad debe abstenerse de imponerle su propia concepción del bien. Aplicado al final de la vida, este argumento parece favorecer el derecho a decidir. Pero inmediatamente surge la pregunta decisiva: ¿es realmente autónoma una persona que pide morir porque se siente una carga para su familia o la sociedad?
El problema se vuelve especialmente complejo cuando intervienen el dolor, la depresión, la soledad, la dependencia económica o el sentimiento de inutilidad. Una decisión puede ser voluntaria en apariencia y, sin embargo, estar fuertemente condicionada por circunstancias que disminuyen profundamente la libertad
Por eso Hans Jonas resulta particularmente relevante. Su filosofía de la responsabilidad nos recuerda que el poder tecnológico moderno ha ampliado enormemente nuestra capacidad de intervenir sobre la vida. La medicina puede prolongar la existencia, modificar procesos biológicos y, eventualmente, facilitar la muerte. Pero que algo pueda hacerse técnicamente no significa que necesariamente deba hacerse. El aumento de nuestro poder técnico también incrementa nuestra responsabilidad.
Este es quizá el punto en el que el debate contemporáneo se vuelve más controversial. La pregunta ya no es simplemente si la eutanasia es buena o mala, sino si somos capaces de construir instituciones que permitan una decisión verdaderamente libre en circunstancias en las que la libertad personal se encuentra sometida a una enorme presión.
La tradición católica plantea la objeción más radical. Para ella, la vida humana posee una dignidad intrínseca que no depende de la salud, de la autonomía ni de la capacidad de disfrutar. La Declaración de 1980, “Iura et Bona” sobre la Eutanasia, sostiene que provocar deliberadamente la muerte no puede justificarse como medio para eliminar el sufrimiento. Al mismo tiempo, distingue entre provocar la muerte y rechazar tratamientos extraordinarios o inútiles.
Esta distinción es fundamental. La medicina moderna puede caer en el error de confundir curar con prolongar. No toda prolongación biológica de la existencia constituye necesariamente una prolongación de la vida humana en un sentido pleno. La tradición católica admite, precisamente por ello, que no existe obligación moral de utilizar tratamientos extraordinarios o desproporcionados cuando la muerte resulta inevitable.
El debate, entonces, no se reduce a «derecho a morir» contra «derecho a vivir». Quizá existe una tercera dimensión: el derecho a no sufrir innecesariamente y a morir con dignidad.
Así los cuidados paliativos adquieren una importancia extraordinaria. Una sociedad que legaliza la muerte asistida pero no garantiza la atención paliativa de calidad corre el riesgo de convertir una supuesta elección en una elección entre el sufrimiento y la muerte. En cambio, una sociedad que ofrece cuidados médicos, psicológicos, familiares y espirituales adecuados permite que quien solicita morir pueda reconsiderar su decisión sin que el dolor sea el verdadero autor de ella.
También existe un peligro institucional. Las leyes comienzan estableciendo excepciones para situaciones extraordinarias. Con el paso del tiempo, las excepciones pueden convertirse en categorías cada vez más amplias. Por eso las salvaguardas legales no son un detalle técnico: constituyen la verdadera frontera entre la autonomía individual y la vulnerabilidad.
El 86% registrado en Ciudad de México debería ser tomado en serio, pero no debería cerrar la discusión. Una mayoría puede expresar una preferencia democrática, pero no resolver por sí misma una cuestión moral fundamental. Las mayorías no pueden determinar arbitrariamente el valor de la vida de las minorías más vulnerables.
Quizá la cuestión más importante sea, finalmente, otra: ¿qué clase de sociedad queremos tener cuando una persona nos dice que ya no quiere vivir?
Podemos responder que respetamos su autonomía y le permitimos morir, pero también que la vida posee un valor que nadie tiene derecho a destruir. Sin embargo, existe una tercera respuesta, quizá más difícil: antes de aceptar su decisión, debemos preguntarnos si hemos hecho todo lo posible para que esa persona pueda seguir queriendo vivir.
La eutanasia nos obliga así a enfrentar una de las paradojas más profundas de la libertad moderna. Queremos ser libres para decidir sobre nuestra propia existencia, pero precisamente porque somos libres debemos reconocer que nuestras decisiones están condicionadas por el sufrimiento, la soledad y las circunstancias.
La verdadera prueba de una sociedad libre no es solamente si permite a sus ciudadanos elegir cómo morir. Será si consigue que nadie tenga que elegir la muerte porque la sociedad dejó de ofrecerle razones, compañía o dignidad para querer seguir viviendo.
