José Roberto Alejos

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Suficientes pruebas hemos aportado los constituyentes, los constitucionalistas, analistas de prestigio; así como la comunidad internacional; asimismo, los grupos de observadores, las cámaras empresariales y los sectores académicos para evidenciar que las acciones del Ministerio Público (MP) ejecutadas en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en cuanto al proceso eleccionario, son ilegales. Además, seguros estamos que ellos también lo saben… entonces ¿Por qué lo hacen?

Hay voces que aseguran que se trata de un mensaje directo a los magistrados electorales para advertirles que no cesarán hasta lograr su objetivo. Pero ¿Cuál es el objetivo?  Será acaso ¿Llevárselos detenidos?  O quizá sea intentar disolver el TSE. Es probable que ésta sea la meta, pero lograrlo antes del 14 de enero, es casi imposible, el tiempo no “alcanza”.

Habría que darle trámite a la solicitud de antejuicio, nombrar una pesquisidora, declararla con lugar, iniciar el proceso; y no debe olvidarse que cada una de estas fases es apelable. Por lo tanto, no sería suficiente octubre, noviembre y diciembre para encontrar “algo” contra los magistrados electorales que los conduzca a la prisión.

Hay quienes dicen que todo este alboroto no es más que un mensaje para el presidente Alejandro Giammattei quien inicialmente estaba del lado del MP; pero, de un día para otro dijo estar dispuesto, si es necesario, a dar la vida para que Bernardo Arévalo asuma el poder. Dijo también estar anuente a continuar con el proceso de transición y ha venido evidenciando un débil y casi nulo apoyo al ente investigador, posturas que detonaron las acciones del MP para recordarle cuál era el trato, un trato que él estaba incumpliendo.

Es válida toda investigación que haga el MP respecto a firmas falsas, incluso de fallecidos en la conformación de partidos, aparentes anomalías en la compra de sistemas informáticos, o bien, la posible existencia de cohecho activo o pasivo. Estos son efectivamente delitos penales y cuya persecución, según lo establece el Código Penal, debe ser contra quienes incurrieron en tales delitos.  Sin embargo, la comisión de estos y su inherente investigación no frenan -nunca- el proceso electoral, no causan nulidad de los resultados electorales y menos evitan que el nuevo mandatario tome posesión el 14 de enero de 2024.

Por lo tanto, NO SE VALE el show “armado” para secuestrar cajas con miles de documentos originales, incluyendo las boletas de los ciudadanos ¿Qué esperan ver en las papeletas? Es inimaginable que vayan a asegurar que hay más o menos papeletas de las reportadas en las actas. El tiempo para impugnar el contenido de las cajas ya pasó y no habría forma de comprobar si eso es verdad o mentira. Todo “huele” a antaños procesos empleados por gobiernos militares que, a través de boletas mandadas a imprimir por separado, alteraban resultados a su antojo.

YA ES HORA de que entiendan que haberse llevado las actas del TSE no servirá de nada, porque el ente investigador no podrá asegurar que son falsas, que están manipuladas, que tienen tachones, que los números fueron cambiados… Y no servirá de nada porque no hay con qué comparar. Será la palabra del Fiscal contra la de aquellos ciudadanos que conformaron las mesas receptoras de votos y la de todos los fiscales de los partidos que estuvieron presentes y que, dicho sea de paso, no son funcionarios públicos. Entonces, si no sirve de nada tanto ir y venir del MP, ¿Por qué lo hacen? CONTINUARÁ.

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