Ha quedado demostrado que el sinvergüenza que usurpa la rectoría de la Usac utilizó toda clase de trinquetes para intentar repetir su maniobra de hace cuatro años; pero, igualmente, ha quedado demostrado que nuevamente perdió las elecciones, que su candidatura fue ilegal y que el resultado sancionado por el CSU es espurio –anda tan mal la Usac, bajo las mafias que la corrompen, que su “nueva aritmética” les dice que dos tercios del Colegio Electoral Universitario de 171 votos, que es requisito fundamental para la reelección de rector, es menos de cincuenta votos, lo cual piden a la CC que lo decrete constitucionalmente–.
La ola contra el fraude es cada vez más generalizada y fuerte. No se trata sólo de la resistencia universitaria o de la comunidad universitaria. El movimiento social y popular, partidos políticos y los pueblos autóctonos afirman que la Usac es del pueblo y que debe ser depurada de las alimañas que han destruido, desde adentro, la fundamental garantía de la autonomía universitaria. La ola ha llegado al punto de poner en riesgo la continuidad de otros funcionarios, particularmente el magistrado Molina Barreto y sus dos discípulas en la CC, por aviesos delitos de lesa Patria.
El editorial de La Hora del 25 de junio expresa que hay un “pulso entre las fuerzas que participaron o apoyan el nuevo fraude y quienes creen en el Estado de Derecho y la preeminencia de la justicia, especialmente cuando se trata de personajes marcados por la corrupción” y en dicho pulso tanto el Presidente de la República como la Procuraduría General de la Nación afirman que, sin el necesario finiquito, el usurpador no puede asumir la rectoría; de hecho, no tenía derecho siquiera a ser candidato. Por ello, Mazariegos organizó una manifestación en su entorno, convocando a forzados empleados (LH: “Viáticos, puntos y permisos para respaldar a Walter Mazariegos a cambio de protestas en la Usac”) y a sus achichincles, que buscan impunidad, para denunciar que la exigencia de ese requisito constitucional es “chantaje” del Procurador General de la Nación –palabra grave que se traduce en un nuevo delito–.
Por aparte, se conoció que Mazariegos busca que el Poder Judicial le otorgue el finiquito, sin que dicha gestión sea legal, luego de ver fracasada su tesis de que la autonomía universitaria le permitiría asumir como rector sin tener dicho documento. Además, el fiscal general ha recibido muchas denuncias contra el fraude y las está investigando, todas ellas tan graves que es imposible que el usurpador ocupe la silla de rector. Más denuncias se sumaron hoy – LH: “Walter Mazariegos suma otra denuncia y diputado pide auditoría a CGC por elección de rector” y el Minutero comenta: “Los sordos, mudos y ciegos tras el fraude de Mazariegos deben ser evidenciados, aunque sean magistrados«. Y no solamente denunciados; deben ser destituidos. Por ello, opino, en buen chapín, que las patadas de ahogado de Mazariegos y su pandilla únicamente garantizarán la pronta prisión y juicio ejemplar, tanto del usurpador como del círculo que lo rodea, protege y manipula.
