Existen obras por reactivar en el CIV, misma que no se buscán desechar al representar una pérdida de inversión pública.
Existen obras por reactivar en el CIV, misma que no se buscán desechar al representar una pérdida de inversión pública. Foto La Hora: Roberto Altán

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aseguró que continuará con la reactivación de proyectos de infraestructura que quedaron suspendidos por problemas técnicos, legales o de planificación del Gobierno anterior, al considerar que abandonarlos representaría una pérdida de recursos públicos y mayores riesgos para la población.

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, indicó que la cartera revisó cada obra para determinar si era viable su reactivación y cuáles eran los obstáculos que impedían su ejecución.

Según explicó, varios de estos proyectos fueron adjudicados en 2023 sin contar con las condiciones técnicas necesarias para desarrollarse.

“Nos encontramos con proyectos que técnicamente eran inviables para poder ejecutarlos en ese momento. La pregunta era si valía la pena dejar una inversión inconclusa; la respuesta es no”, afirmó.

La funcionaria señaló que entre las principales deficiencias detectadas figuran problemas de derecho de vía, puentes adjudicados sin sus accesos, expedientes incompletos y obras a las que les hacían falta renglones de trabajo indispensables para concluir su construcción.

También sostuvo que la prioridad del CIV ha sido recuperar proyectos con alto impacto en la conectividad del país, especialmente aquellos que enlazan comunidades con corredores logísticos y obras que ya presentaban un avance considerable.

CIV COMO CAJA DE FINANCIAMIENTO

El analista político Manfredo Marroquín consideró que los problemas identificados por el CIV responden a una práctica recurrente en administraciones anteriores, donde, según indicó, existía premura por adjudicar proyectos sin una revisión técnica exhaustiva.

A criterio de Marroquín, esa dinámica estuvo vinculada a esquemas de sobrecostos y corrupción, por lo que ahora el Ministerio enfrenta expedientes con inconsistencias que obligan a decidir entre corregirlos o iniciar procesos judiciales que podrían prolongarse durante años.

“El Gobierno tiene que optar entre reactivarlos ya técnicamente revisados o llevarlos a litigio. Como ya existen contratos firmados, cancelar los proyectos podría derivar en demandas contra el Estado, por lo que en muchos casos resulta más conveniente corregirlos y concluirlos”, explicó.

El analista añadió que esta situación refleja el rezago acumulado en el CIV, una institución que, según dijo, durante años fue utilizada como una de las principales fuentes de financiamiento irregular para estructuras políticas, lo que provocó que numerosos proyectos fueran aprobados sin la planificación técnica adecuada.

Kenneth Jordan
Periodista y fotógrafo apasionado por lo intrigante del mundo, buscando los detalles únicos con una mirada de curiosidad y asombro constante.
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