Raúl Molina
Jimmy Morales pensó que podía hacer escarnio de la “intervención extranjera”, y Giammattei amedrenta al cuerpo diplomático con la misma “proclamación de soberanía”; pero, la legislación internacional ha de llevar a ambos a que pasen largo tiempo en cárceles federales de EE. UU. o en otras más duras. La Ley Magnitsky ha permitido que el Departamento de Estado pudiera señalar a personas rusa y bielorrusa de gruesa corrupción para promover sus intereses mineros en Guatemala. La lógica jurídica indica que donde se pagan mordidas siempre hay quienes las reciben, que tienen igual responsabilidad; no basta sancionar a quien las paga. Giammattei se distancia de Jimmy, cuya inmunidad en el Parlacén está próxima a concluir, aclarando que los contratos mineros fueron firmados con gobiernos anteriores. Sin embargo, la información proporcionada por el New York Times sobre un soborno a Giammattei es procesada en Washington bajo la referencia de “alfombra mágica”. Así, la rueda de molino de la justicia de EE. UU. le triturará a cierto plazo, a no dudar. Esto será poco, sin embargo, comparado con lo que le espera, no solamente al presidente sino que también a miembros del Congreso y la misma CC, por “promover el genocidio”. Quienes participaron en la entrega de fondos millonarios a los veteranos del ejército, incluidas Avemilgua, Fundaterror y organismos del Estado, son sujetos de juicio internacional, en virtud de la Convención contra el genocidio. No solamente no han cumplido con procesar a los responsables en Guatemala ni obedecen el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de investigar dicho crimen en todo el país, sino que recompensaron a autores de crímenes de lesa humanidad. En Guatemala, las Cortes se hacen de la vista gorda ante la promoción del genocidio; pero, internacionalmente, apenas empieza un proceso que garantizará cadena perpetua para muchos de los implicados, incluidos quienes recibieron su “indemnización”, identificados en los recibos del pago recibido.
En el presente, los responsables creen estar a salvo del peso de la justicia, ya que en el país, por ahora, es posible que todos y todas –jueces, magistrados, Cortes, Congreso y Ejecutivo- se cubran unos a otros; pero en las cortes internacionales la lógica es otra, y la aplicación de la ley es certera. Los veteranos, que una vez recibidos sus dólares sangrientos seguirán pidiendo más, terminarán gastándolos en los juicios correspondientes, sin que puedan escaparse de la condena. Los crímenes de lesa humanidad –tortura, desaparición forzada, masacre, genocidio y otros más indicados en el Estatuto de Roma- no prescriben y son de jurisdicción universal, es decir, pueden ser juzgados en cualquier país que haya aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En el “Día internacional para la conmemoración y dignificación de las víctimas del crimen de genocidio y para la prevención de ese crimen”, 9 de diciembre, presentaremos ante las instancias pertinentes denuncia de la aberración jurídica de compensar a los responsables de crímenes de lesa humanidad por “sus servicios” al Estado.
