Raúl Molina
Guatemala vive verdadero estado de calamidad, con la crisis más profunda desde que se firmara la paz y sin cambio visible en el horizonte. Echamos la culpa a las mafias fascistas que se han apoderado de la conducción del país a partir del gobierno de Otto Pérez, que son, sin duda, las responsables principales de la situación. Latrocinio, abuso de poder, corrupción generalizada y profunda, y grotesco descaro, caracterizan a los delincuentes que ocupan casi todas las funciones públicas y, para colmo, se encuentran aliados con delincuentes de igual categoría del sector privado. Las cámaras empresariales se han aliado con los capos del crimen organizado y han colocado a personajes sin escrúpulos, hombres y mujeres, en puestos clave -Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la CC, como súper poder, y las entidades autónomas, incluidas las municipalidades, el IGSS, la USAC, y la confederación de deportes- que les garantizan el saqueo actual, la impunidad y la continuidad del sistema por décadas. Todo lo que se les opone –luchadores por los derechos humanos, funcionarios probos y honestos, magistrados y jueces incorruptibles, prensa independiente, cuerpo diplomático y organismos internacionales- es perseguido, en algunos casos retorciendo la ley, en otros inventando delitos y sus supuestas pruebas, y con repetidas mentiras para que sean creídas como verdades. Y para acallar las protestas de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, obreros, pobladores, religiosos, estudiantes y magisterio honesto cuentan con el MP, jueces prostituidos, la PNC, las fuerzas armadas y abundancia de sicarios.
Debemos reconocer, sin embargo, que la grave situación es también responsabilidad de la ciudadanía. No hemos sabido enfrentar a las mafias, dejando que siempre sean ellas las que tomen la iniciativa y nos lleven ventaja. Nos tragamos el cuento de la “democracia” cuando las elecciones nunca han sido libres y justas, manipulado el sistema político por Washington y el CACIF, aunque se otorguen mínimas cuotas de participación a la “oposición”. Durante el período contrainsurgente de los Generales, los presidentes eran definidos por el Alto Mando; en el período de transición, de Cerezo a Arzú, lo hizo el eje ejército-CACIF-Washington; y en el período posterior a la firma de paz, el ejército volvió a su papel de sirviente y la definición política quedó en EE.UU. y CACIF. Eso no se ha querido enfrentar y, como consecuencia, se juega a la “politiquería” –con la mayoría de partidos políticos de porquería- y se abandona la política en los pasillos de la Embajada. Es nuestra responsabilidad porque hemos guardado “la batalla” para cuando “sea el momento”. Han contribuido a esto silencios imperdonables, como el de los colegios profesionales, las universidades (salvo la USAC, de vez en cuando) y de manera inexplicable e injustificable de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas consecuentes. Debo destacar que dentro de ese panorama de inacción, la prensa escrita ha sido la excepción, actuando con crítica significativa al Estado, lo cual no han hecho otros medios de comunicación social. (Continuará)
