Raul Molina
La Lista Engel, con nombres de cincuentaicinco figuras públicas de Centroamérica sindicadas de corruptas, es sin duda un paso positivo. Al sacar a luz una fracción de la información que las Embajadas y el Departamento de Estado producen, queda evidenciado el mar de corrupción que corroe a El Salvador, Guatemala y Honduras. Es evidente que la primera versión se quedó muy corta en Guatemala, con apenas veinte señalados: Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom, Felipe Alejos Lorenzana, diputado del Congreso de la República, Delia Bac Alvarado, exdiputada del Congreso de la República, Florencio Carrascosa Gámez, exalcalde de Joyabaj, Quiché, Álvaro Colom Caballeros, expresidente de Guatemala, Manuel Duarte Barrera, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Boris Roberto España, diputado del Congreso de la República, Mario Amílcar Estrada Orellana, excandidato presidencial, Raúl Falla Ovalle, abogado, Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado, Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado, Gustavo Adolfo Herrera Castillo, empresario, Ricardo Méndez Ruiz, director de la Fundación contra el Terrorismo, Mynor Mauricio Moto Morataya, exjuez Tercero Penal, Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial, Guillermo Estuardo de Jesús Rosa Rodríguez, viceministro de Comunicaciones, Blanca Aída Stalling Dávila, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Elder de Jesús Súchite Vargas, exministro de Cultura y Deportes, Jorge Estuardo Vargas Morales, diputado del Congreso de la República, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Todas las personas incluidas tienen sobrados méritos para estar; pero fácilmente se podrían agregar, aparte de cautivos en el Mariscal Zavala, funcionarios en activo en el Poder Ejecutivo, incluida la presidencia, los Ministerios, las Secretarías y las fuerzas armadas; más de cien miembros del Congreso; y catorce de dieciséis magistrados de la CSJ, la CC en pleno y magistrados y jueces de otros sitios; sin pasar por alto el MP, la CGC y el TSE. Así, esta lista es solamente la punta del iceberg.
La medida es insuficiente, como demuestran las bravatas de los funcionarios de “Fundaterror”, que dicen que se sienten honrados de estar en la lista y actúan como en la fábula de la zorra y las uvas. Saben que se han ganado a pulso estar en la lista, por su vocación fascista y fanatismo trumpista. No obstante, la falta de ingreso a EE.UU de ellos y sus familias no va a detener las acciones deshonestas que han prometido realizar a sus jefes, los cuales, desde sus lujosos escritorios y cuarteles han escapado al escarnio público. En El Salvador han pedido ya al presidente que sean despedidos los funcionarios corruptos y antidemocráticos, aunque difícilmente aceptará. En Guatemala es peor, ya que Doña Coni ignorará las peticiones de investigar las acusaciones, al tiempo que Giammattei les otorgará a los veinte la “presunción de inocencia”. Biden debe entender que con esta medida sola y aislada las cosas no cambiarán. Para parar el abuso de poder y la corrupción, al igual que la impunidad, mucho más es necesario y urgente.
