Hace cuatro años señalé públicamente que el Colegio Estomatológico de Guatemala, estaba siendo utilizado por grupos vinculados en su mayoría, a catedráticos de la Universidad de San Carlos, me quedé corto en ese momento, muchos prefirieron minimizar la gravedad de la advertencia, hoy lamentablemente, los hechos hablan por sí solos y confirman aquella advertencia.
Los Colegios Profesionales fueron creados con el propósito de fortalecer el ejercicio ético, técnico y autónomo de cada profesión. Su legitimidad descansa en la representatividad de sus agremiados, en la defensa de los intereses colectivos y en su independencia de cualquier poder externo. Sin embargo, en los últimos años han sido progresivamente cooptados por intereses ajenos a su naturaleza institucional.
La situación actual —en la que un órgano externo pretende decidir cuándo deben realizarse las elecciones internas de los Colegios, modificando el reglamento de convocatoria a elecciones, constituye una violación directa al principio de libre autodeterminación institucional, que forma parte del marco constitucional guatemalteco, especialmente en lo relacionado con el derecho de asociación y el principio de autonomía.
Ningún ente fuera del marco legal interno de los Colegios Profesionales tiene la facultad de imponer condiciones, fechas o procedimientos electorales. Si esto ocurre, se configura una vulneración constitucional que amerita ser denunciada y combatida mediante las vías legales pertinentes, incluyendo el amparo constitucional.
Los Colegios Profesionales no son extensiones de universidades públicas, ni mecanismos de control político disfrazado de democracia gremial. Son entes autónomos, con personalidad jurídica propia, y deben actuar con independencia, transparencia y responsabilidad ante sus colegiados, no ante intereses ajenos o facciones ideológicas.
Cuando hace cuatro años advertimos lo que se avecinaba, lo hicimos desde una preocupación legítima por el rumbo de nuestras instituciones. Hoy, el secuestro institucional es evidente, y el silencio ya no es una opción.
La defensa de la autonomía de los Colegios Profesionales no solo es un derecho: es un deber. Si se pierde ese principio, se erosiona la base ética de nuestras profesiones y se socava la democracia misma.
