Autor: Jennifer Paniagua
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Hay hechos que trascienden lo administrativo y se convierten en un atentado contra los principios elementales de una sociedad democrática. La reciente eliminación de expedientes académicos de estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala no puede reducirse a un simple “error técnico” o una desafortunada pérdida de información. Lo ocurrido despierta indignación, genera profunda tristeza y obliga a preguntarnos qué tan frágiles se han vuelto las instituciones encargadas de proteger uno de los derechos más importantes de toda persona: el derecho a la educación.
Lo más preocupante es que las denuncias apuntan a que esta eliminación no fue aleatoria. Según los estudiantes afectados, los expedientes corresponden, principalmente, a quienes han mantenido una postura crítica u opositora dentro de la Universidad San Carlos en contra del usurpador de la rectoría de la universidad. Si esto llegara a confirmarse, dejaríamos de hablar de una falla administrativa para enfrentarnos a un acto de discriminación y represalias que vulneran principios fundamentales como la igualdad, la seguridad jurídica y la libertad de pensamiento.
Cada expediente representa años de sacrificio. Detrás de cada curso aprobado existen jornadas laborales, desvelos, dificultades económicas, familias que hicieron enormes esfuerzos y estudiantes que apostaron por transformar su futuro mediante el estudio. Borrar un expediente no significa únicamente eliminar registros digitales; significa poner en riesgo proyectos de vida completos y sembrar incertidumbre sobre el valor del esfuerzo académico de cientos de personas.
La Universidad de San Carlos ocupa un lugar único en la historia de Guatemala. Durante décadas ha sido la universidad del pueblo, el espacio donde miles de jóvenes han encontrado una oportunidad que, de otra manera, les habría sido negada. En un país marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, la educación pública libre y de buena calidad continúa siendo uno de los instrumentos más poderosos para romper ciclos de pobreza, formar profesionales comprometidos y fortalecer la democracia. Cuando se debilita la confianza en esa institución, pierde toda la sociedad.
Por ello, esta situación no debe verse como un problema exclusivo de la Usac; es un desafío nacional. Las autoridades del Estado tienen la obligación de investigar con transparencia, establecer responsabilidades y garantizar la restitución inmediata de los derechos de los estudiantes afectados. Pero también es momento de que las universidades privadas de Guatemala demuestren que la educación superior trasciende cualquier competencia institucional.
Hoy tienen la oportunidad de ejercer un auténtico liderazgo académico mediante programas extraordinarios de apoyo, mecanismos de acompañamiento, becas, asesoría jurídica o cualquier iniciativa que contribuya a que ningún estudiante vea truncada su formación por circunstancias ajenas a su voluntad.
La solidaridad entre instituciones educativas no debilita ninguna universidad; por el contrario, fortalece el sistema de educación superior del país y reafirma que la formación profesional es un bien público que merece ser protegido.
Ningún estudiante debería cargar con las consecuencias de decisiones administrativas, políticas e ideológicas. La educación no puede convertirse en un mecanismo de castigo ni una herramienta para silenciar voces críticas. Guatemala necesita universidades fuertes, autónomas y comprometidas con la verdad, no espacios donde el miedo sustituya al pensamiento libre.
Porque cuando un expediente desaparece, no solo desaparecen documentos. También corre el riesgo de desaparecer la confianza en las instituciones. Y cuando una sociedad comienza a perder esa confianza, todos terminamos perdiendo mucho más que un archivo.
Hago un llamado a las y los estudiantes afectados a resistir, a persistir y a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos y de la educación pública. Ninguna arbitrariedad debe doblegar la convicción de quienes han construido su futuro con esfuerzo y sacrificio. La historia demuestra que las imposiciones nunca son permanentes.
Walter Mazariegos no representa la legitimidad que la Universidad de San Carlos merece, representa la usurpación de una rectoría cuya elección ha sido ampliamente cuestionada. Ninguna administración sostenida sobre la falta de legitimidad puede perpetuarse indefinidamente. Tarde o temprano, la verdad, la justicia y la voluntad de la comunidad universitaria terminarán prevaleciendo.
