Autor: Julissa De La Paz
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Sobre el Autor: Politóloga; Magister en Gestión, Fiscalización y Control Gubernamental. Escritora en @Jxt_gt y Secretaria del Cocode Central Fraijanes.
En Guatemala nos enseñaron que las elecciones se definen en las urnas y que la democracia consiste en que la población vote libremente y decida quién gobernará el país, pero la realidad política guatemalteca es otra cuestión, aquí, las disputas más importantes comienzan mucho antes del día de las elecciones, empiezan dentro de las instituciones, en las cortes, en las Comisiones de Postulación, en los organismos que tienen capacidad de fiscalizar, sancionar o habilitar políticamente a quienes aspiran al poder.
Y una de esas disputas ya empezó, rumbo a las elecciones generales de 2027, la elección del próximo Contralor General de Cuentas.
Para muchos ciudadanos, la Contraloría todavía parece una oficina técnica dedicada únicamente a revisar números, auditorías y papeles del Estado. Sin embargo, políticamente representa más que eso, porque el próximo contralor asumirá el cargo el 13 de octubre de 2026, apenas meses antes del inicio formal del proceso electoral de 2027, y, desde ese momento tendrá bajo su responsabilidad auditorías, hallazgos, sanciones administrativas, declaraciones patrimoniales y, especialmente, la emisión de finiquitos para miles de funcionarios y exfuncionarios que podrían competir políticamente.
Y ahí aparece la pregunta que les hago a los lectores ¿Estamos frente a la persona que podría definir quién llega o no al proceso electoral 2027?
Legalmente, el contralor no tiene facultad de inscribir candidaturas, esa responsabilidad corresponde al Tribunal Supremo Electoral, pero en la práctica, sí tiene influencia sobre mecanismos que pueden afectar directamente el futuro político de alcaldes, diputados, ministros, y funcionarios públicos. El ejemplo más claro son los finiquitos, pues miles de funcionarios necesitan la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos para participar electoralmente, sin ese documento, muchas candidaturas simplemente no avanzan, y ahí, es donde la discusión deja de ser únicamente técnica, porque cuando una institución tiene capacidad de influir sobre quién puede competir políticamente, inevitablemente se convierte también en un espacio de disputa de poder.
Formalmente, el proceso de elección del Contralor General de Cuentas está regulado por la Constitución Política de la República y por la Ley de Comisiones de Postulación, sobre papel, parece un modelo diseñado para garantizar transparencia, méritos y capacidad, el problema es que en Guatemala se ha demostrado históricamente que los procesos técnicamente correctos no siempre terminan siendo políticamente neutrales.
La primera fase comenzó el 2 de junio de 2026, cuando el Congreso de la República convocó oficialmente a integrar la Comisión de Postulación, y ahí realmente inició una de las primeras grandes batallas políticas rumbo a las elecciones 2027.
La Comisión estará integrada por: un representante de los rectores universitarios, quien la presidirá; los decanos de las facultades que imparten Contaduría Pública y Auditoría; representantes de los colegios profesionales del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CCPA) y representantes del Colegio de Economistas y del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.
En teoría, todos llegan para garantizar objetividad, pero en la práctica, cada espacio dentro de esa comisión representa influencia, ya que la Comisión revisa expedientes, define las reglas y establece cómo se calificará; qué experiencia vale más, qué perfil recibe mayor punteo, qué trayectoria académica pesa más y finalmente quién logra llegar a la nómina final de seis candidatos.
Como Contadora Pública y Auditora, entiendo perfectamente la importancia de evaluar experiencia profesional, capacidad técnica, formación académica y conocimiento en fiscalización, una entidad fiscalizadora superior (EFS) necesita perfiles preparados, pero como politóloga, también entiendo algo igual de importante y es que en Guatemala, el debate ya no gira únicamente alrededor de capacidad técnica, la verdadera discusión es ¿Quién garantizará independencia? porque una Contraloría sin independencia deja de ser un órgano técnico y comienza a convertirse en una herramienta política.
La ruta hacia la elección del nuevo contralor ya tiene tiempos definidos, desde 02 de junio de 2026 el Congreso emitió la convocatoria oficial para integrar la Comisión de Postulación, entre junio y julio quedará instalada la comisión y se aprobarán cronogramas, metodologías de trabajo y la tabla de gradación, un sistema de evaluación de 1 a 100 puntos que calificará los méritos académicos, doctorados, maestrías, experiencia profesional, experiencia en auditoría, liderazgo, publicaciones, docencia y proyección humana. En julio y agosto se abrirá la recepción de expedientes. Después llegarán los filtros iniciales y las exclusiones de quienes no cumplan requisitos constitucionales o legales. En septiembre comenzarán las tachas ciudadanas, ahí organizaciones civiles, ciudadanos y sectores académicos podrán presentar objeciones contra candidatos, señalando vínculos políticos, conflictos de interés, contratos con el Estado o cuestionamientos éticos. Posteriormente vendrán las entrevistas públicas y la evaluación técnica. Y finalmente, a finales de septiembre, la Comisión integrará la nómina final de seis candidatos que será enviada al Congreso. Entonces comenzará la etapa más política, las negociaciones legislativas, los acuerdos, las alianzas, los consensos detrás de puertas cerradas, porque todos entienden perfectamente que está en juego el control indirecto de una institución con capacidad de influir sobre el ambiente político previo a las elecciones generales de 2027.
La pregunta no es solamente quién será el próximo contralor, sino: ¿Guatemala todavía puede garantizar instituciones independientes en períodos políticamente sensibles? quizá el próximo contralor no decidirá directamente quién aparecerá en la papeleta electoral pero sí podría influir enormemente en quién llega fortalecido, quién llega debilita y quién ni siquiera logra competir rumbo al 2027.
Y eso convierte esta elección en una de las primeras grandes batallas políticas del próximo proceso electoral.
