Autor: Alejandro José Gómez Hernández
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Cuando una sociedad se acostumbra a vivir con miedo, la conversación pública se reduce. Pretender que la gente se interese por grandes debates mientras no logra cubrir lo básico es un error, porque la política ya no es la prioridad. Es comprensible, pero también es el terreno donde crecen proyectos populistas que prometen seguridad sin explicar cómo se construye, con qué límites, con qué controles, y para quién.
La ultraderecha no avanza con consignas, avanza cuando encuentra los puntos débiles en gobiernos moderados o progresistas. Encuentran cómo llegar a la gente cuando el día a día es más caro, todo es más incierto y se percibe un incremento de violencia. En esa ventana, gana terreno el autoritarismo: se tolera que se concentre el poder, se normaliza la desigualdad y se justifica el uso desmedido de la fuerza. Pero el contexto no lo es todo: también importa cómo responde quién gobierna cuando esa presión sube. Un ejemplo reciente ayuda a ver ese mecanismo con claridad: en Chile la victoria de Kast es preocupante, pero no inesperada.
La tibieza también pasa factura. El diálogo es sumamente necesario, pero el consenso no puede convertirse en condición para cada decisión; cuando eso ocurre, nadie asume responsabilidades y el Estado queda paralizado en un cuello de botella. Cuando una administración teme ejercer su mandato por miedo a “no ser la forma”, facilita que los de siempre tomen control de la narrativa, porque ellos sí están dispuestos a usar el poder sin escrúpulos. Esto, sumado a escándalos, hace perder la credibilidad y abre la puerta a salidas autoritarias. En Guatemala, este riesgo no es para nada abstracto, es cotidiano.
Guatemala está en un punto delicado en el ciclo político del país. Ya pasaron 23 meses de la actual administración, y aún quedan 25. Ese tramo es decisivo, porque la percepción de la población decidirá entre la continuidad, una alternativa o un retroceso democrático. Si la población no percibe que el Estado produce resultados verificables en seguridad, justicia y servicios, se dejará en bandeja de plata el poder para quien ofrezca mano dura o se haga pasar por un outsider. Cuando la población percibe que el Estado deja de funcionar para unos pocos y empieza a responder a lo común, baja el descontento y se vuelve más difícil que estos discursos de fuerza sean vistos como la panacea. Un claro ejemplo de esto es la Cuarta Transformación en México; un movimiento que no depende de liderazgos individuales o de admiración hacia figuras concretas. Se ha consolidado como un proyecto que, para muchos, entiende las problemáticas de amplios sectores.
Para Guatemala, 2026 y 2027 serán años trascendentales. Se juegan piezas clave: el Tribunal Supremo Electoral, quien decidirá quiénes participarán en 2027; la elección del Fiscal General del Ministerio Público; el próximo Contralor General de Cuentas y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Mirar al sur es ver un presagio; Chile muestra cómo el péndulo se mueve cuando las problemáticas se acumulan, y cuando quienes gobiernan se quedan cortos frente a los poderes reales. Guatemala todavía puede evitar ese resultado, pero solo si se gobierna con firmeza democrática, con justicia social y con transparencia que se pueda comprobar.
