Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Hace unos días que platiqué con un amigo nicaragüense y le pregunté cómo iba todo por allá, me dijo, “mientras no digas nada, bien”. Con esas lapidarias palabras se expresó alguien que, según sus mismas palabras paga “el precio de vivir en una dictadura en el que personas de todo tipo, del partido de Ortega, empresarios, periodistas, activistas, sacerdotes han sido encarcelados por alzar la voz en pro de la libertad individual, económica y social”.
Y ahora que empezamos a ver que el Ministerio Público (MP) y un Juez del sistema se concertaron para atacar la libertad de expresión, confirmo que estamos dando los primeros pero sostenidos pasos para matar un derecho fundamental del ser humano.
No crea que es un derecho que asiste a los periodistas. Expresarse con libertad, poder emitir su pensamiento, es derecho del ser humano, del ciudadano común, del trabajador, del empresario, del activista, del comunitario y aplica hasta para quien en las redes sociales no da la cara.
Ahora el MP y el Juez argumentan que los ataques a funcionarios públicos obstruyen la justicia (delito), lo cual no es cierto porque el artículo 35 es clarísimo al establecer que “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
Un fiscal, un juez es un funcionario o empleado público y cuando se comentan hechos en el ejercicio de su cargo, no puede haber delito.
Eso no quiere decir que el juez o el funcionario queden en estado de indefensión, porque la misma ley establece que: “Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados”.
Pero más allá de eso, el MP luce de nuevo muy mal cuando pide procesar a periodistas y columnistas pero usa a los NetCenters que no dan la cara como voceros de facto. En La Hora hemos podido documentar numerosos casos en los que los Net anuncian las acciones que luego ejecutan los fiscales.
Esos mismos NetCenters que se dedican a atacar con mentiras, bajezas y situaciones personales a Raymundo y medio mundo (más allá de funcionarios o empleados públicos), gozan del apoyo del ente fiscalizador que no mueve un dedo para dar con ellos, pero sí contra los periodistas cuya labor sienten incómoda.
Los Net comunican decisiones judiciales que son “reservadas para las partes”. Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla se han dedicado a despotricar, incluso con mentiras, y decir lo que han querido en contra de jueces y fiscales que estaban en el ejercicio de su cargo y, dicho sea de paso, no están siendo objeto de un proceso por obstrucción a la justicia.
Claro está que todos debemos actuar con responsabilidad, pero la ley de Guatemala establece mecanismos para quienes se excedan en el uso del derecho a la libertad de expresión y como no les gusta el camino trazado en la ley, se han inventado maneras para llevar al campo penal temas relacionados a la libertad de expresión.
Hoy usted puede pensar que es contra periodistas o contra un medio en particular, pero aceptar esos abusos del poder luego provoca que serán cientos si no miles de empresas y personas contra las que usarán el “poder coercitivo” del Estado para amenazar, chantajear, callar y hasta encarcelar a quien no se plegue a los que quieren las autoridades de turno.
Le pongo en ejemplo bajo este mismo parámetro: El día de mañana si a usted lo acusan y digamos que el MP le pasa la info al NetCenter, luego que ellos ya se divirtieron unas horas dándole duro sale el video del MP y usted se quiere defender judicial, pública y socialmente y para ello alza la voz, el día de mañana lo pueden acusar de obstrucción a la justicia por expresarse y sumar otro delito más al primero que, con pruebas o sin pruebas, le estén imputando.
Que callen a unos, es el camino para callarnos a todos.
