Una pesquisa es para averiguar e indagar sobre la realidad de los hechos y se supone que quien la realiza tiene que ser, sobre todo, imparcial para que su apreciación no se vea afectada por intereses personales o de gente e instituciones con las que tiene relación. Por ello, el Juez Miguel Ángel Gálvez presentó recusación contra el pesquisidor nombrado por la Corte Suprema de Justicia para conocer el caso, que es producto de una querella presentada por la Fundación Contra el Terrorismo, puesto que se trata de un abogado que ha trabajado en el Departamento de Control de Armas y Municiones del Ejército y que además tiene relación de amistad (compañero de promoción en la universidad) con el abogado de dicha fundación.
Por elemental sentido de la ética, el pesquisidor, Rolando Chávez, debió excusarse de conocer el caso porque no puede ser imparcial quien es compañero de promoción del abogado del querellante. Pero por si ello no fuera suficiente, todo el proceso contra Gálvez está relacionado con el juicio contra oficiales del ejército que fueron acusados de haber cometido crímenes durante el Conflicto Armado Interno. Y siendo el Decam una institución del Ejército, es natural que los abogados que allí trabajan o han trabajado tienen algún tipo de relación con altos mandos militares y tal es el caso del abogado Chávez.
Por supuesto que ya sabemos que la justicia en Guatemala desapareció en el sentido estricto. Tenemos un sistema que hace fantochadas y que se dedica a la persecución política de aquellas personas a las que se acusa penalmente con la certeza de que los procesos penales se ejecutan precisamente con criterio político. Al fin y al cabo para ello es que se eligió a los magistrados actuales y es también por ello que el Congreso no elige nuevos magistrados porque, aunque la última postuladora también haya sido contaminada, no tendrían la absoluta certeza que ofrecen los que ahora ocupan esas magistraturas.
Ya las declaraciones de los acusadores han sido categóricas en el sentido de que están absolutamente seguros de que Gálvez terminará en la cárcel y esa certeza tiene fundamento en la destrucción del Estado de Derecho en el país y en la forma en que, como se le chispoteó al mismo Falla, opera la persecución política de aquellas personas que se colocaron en la mira por haber dicho o hecho algo en cuanto a la corrupción o, como en este caso, respecto a los crímenes que se pudieron haber cometido durante la guerra.
Tristemente, vivimos en condiciones donde la ley vale madre porque está siendo manoseada para servir determinados intereses. Ocurre desde la investigación hasta las resoluciones judiciales, sobre todo cuando corresponde emitir fallo a las salas o la Corte Suprema de Justicia, no digamos la Corte de Constitucionalidad. Entre los jueces de instancia sigue habiendo gente con principios y apego al derecho, pero sus fallos salen sobrando porque cuando son impugnados y llegan a las instancias superiores todo se arregla. Independencia y honestidad que será cada vez menos frecuente porque con precedentes como el de Gálvez se trata de enviar mensajes para advertir a otros togados honestos que van a salir tirados.
Por ello no sorprende la solidaridad ciudadana con Miguel Ángel Gálvez, aunque tenga tan pobre resultado.
