La presión pública hizo que el Tribunal Supremo Electoral no concretara la mañosa compra de software para el procesamiento de la data electoral del año próximo, aunque afirman claramente que la intención de concretarla persiste y se hará nueva convocatoria.
Cínicamente, los magistrados dicen que han cumplido con la ley porque el Congreso les aprobó una excepción para que pudieran hacer las adquisiciones, es decir que los diputados, que los eligieron para que hagan lo que ellos quieren, les dieron facilidades para pasar sobre hechas precisamente para dar transparencia a los procesos electorales.
Compadre hablado es lo menos que se puede decir respecto a la forma en que opera el TSE que va de la mano de los diputados que controlan el Congreso y tienen mayoría con esa alianza oficialista que ha hecho micos y pericos con los recursos del Estado y que ha puesto millones para que los Alcaldes puedan gastar antes de la fiesta electoral. Recordemos que hasta se ha anunciado una iniciativa que presentará el Ejecutivo para que tampoco los jefes de los municipios tengan que cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones, a fin de “facilitar” el uso de esos recursos.
El empleo de programas de computación para procesar toda la información electoral y definir los resultados tiene que estar sujeto a una verificación especial de la sociedad civil porque, aquí en Guatemala, hemos visto mucho respecto a fraudes electorales y no podemos permitir que, usando procedimientos oscuros, se manoseen los resultados gracias a la utilización de algoritmos diseñados maliciosamente para alterar la data real. Todos sabemos que eso se puede hacer y sabemos que hay expertos en computación que pueden revisar las propuestas para garantizar que las mismas no sean para hacer mañosos arreglos.
Por supuesto que los magistrados del TSE se pueden llenar la boca diciendo que han cumplido la ley porque les hicieron una ley a la medida para que hagan lo que quieran y puedan escoger proveedores que recién han creado empresas simplemente para participar en los procesos ya apalabrados para acelerar adquisiciones que “satisfagan” al pleno de magistrados.
De no haberse publicado oportunamente el oscuro negocio no hubiera habido esa presión que, como cosa extraordinaria, hasta incluyó al CACIF que se sumó a las organizaciones que señalaron el riesgo de comprar los programas de computación sin que exista ese necesario control y verificación para certificar que transmitirán los datos reales y que no utilizarán la inteligencia artificial para engañar a toda la sociedad que estará pendiente de los próximos resultados electorales del 2023.
