Salvo para quienes están abiertamente comprometidos con los esfuerzos pro impunidad para los delitos de corrupción, es obvio que Guatemala perdió por completo su rumbo y que no existe fórmula para retomarlo por mucho que algunos se hagan ilusiones de que en las próximas elecciones se dará la oportunidad. El desinterés de la ciudadanía que, viendo objetivamente las cosas como son, no mueve un dedo ni alza siquiera su voz para expresar su rechazo, es el ingrediente más importante que opera a favor de quienes han diseñado un bien trazado plan que les garantiza la posibilidad de continuar con el saqueo de los recursos nacionales sin que haya ninguna consecuencia penal y que, en el peor de los casos, lo único que se pueden perder es la visa norteamericana que ahora muchos ven de todos modos con desprecio.
La cooptación de las instituciones públicas es total y no permite esperar ningún cambio, mucho menos sobresaltos. El poder ejecutivo es pivote en el exitoso esfuerzo, pero la complicidad del Congreso, de las Cortes (incluyendo por supuesto la CC), del Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral, de la Contraloría de Cuentas y hasta de instituciones como la mayoría de municipalidades, la universidad estatal y no digamos los sindicatos de empleados públicos y las cámaras empresariales, constituye una poderosa alianza en la que descansa la tranquilidad absoluta de los involucrados en el tema de la corrupción.
Si la ciudadanía lograra articular una alianza electoral de rescate ya sabemos que ningún candidato que represente el mínimo de riesgo para el sistema tiene el menor chance de ser inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. El Ministerio Público le puede armar un caso en un fin de semana para dejarlo fuera de la contienda y si hubiera insistencia mediante recursos de Amparo, ya sabemos que la Corte de Constitucionalidad resolverá para marginar a quien no esté debidamente comprometido con la mafia que nos gobierna.
El panorama es realmente dantesco porque al día de hoy, viendo la persecución que hay contra quienes fueron operadores del sistema de justicia cuando éste trabajó para castigar la corrupción, tenemos que concluir que no es que vayamos en ruta de convertirnos en una Nicaragua o una Venezuela. De hecho ya superamos a esos dos países porque en ellos la dictadura unipersonal es rápidamente identificada y condenada por la opinión pública mundial, mientras que acá, con la supuesta democracia en la que cada cuatro años hay elecciones, se vende la imagen de un país en problemas pero que no llega a tener las dificultades que significa la persistente utilización del poder para castigar a los opositores al régimen, cosa que, obviamente, aquí se da todos los días y de muchas formas porque no existen mecanismos de resguardar los derechos individuales.
Es un cuadro pesimista, desde luego, pero resultado de la lectura de las actitudes ciudadanas, de la forma en que los guatemaltecos nos resignamos a que tenemos que vivir bajo el yugo de la dictadura, tal y como pasó con Rafael Carrera, con Justo Rufino Barrios, con Estrada Cabrera y Ubico, además de la sucesión de gobiernos producto de fraudes electorales que, como ahora, creaban la falsa sensación de democracia.
