En todo el mundo ocurren accidentes viales que cobran vidas, pero cuando se repiten de la manera en que ocurre en Guatemala dejan de ser verdaderos accidentes porque no se trata de hechos eventuales e impredecibles sino el resultado de todo un modelo que tolera y alienta a conductores del transporte público a cometer abusos que derivan en percances mortales que se repiten con demasiada frecuencia, sin que la autoridad mueva un dedo para prevenirlos y hacer que se cumpla la ley. Todos los días, en todas las carreteras y vías públicas del país, se puede apreciar el comportamiento abusivo de conductores que se exceden en la velocidad y ponen en peligro no solo a sus pasajeros, sino a los tripulantes de otros vehículos.
Se han aprobado normas para instalar reguladores de velocidad y se ha dispuesto el seguro obligatorio, pero todo ello queda en letra muerta porque los transportistas se las ingenian para resistirse a la implementación de medidas que pueden ser importantes y salvar vidas. Está acreditado con numerosos videos que han circulado en las redes sociales cómo los ayudantes de las unidades de transporte se bajan a pagar la mordida que tienen que ofrecer a las autoridades que, satisfechas con el pago, se desentienden de tener que ocuparse de la vigilancia para impedir el abuso en la velocidad que generalmente es la causa de los percances.
El colmo es que una y otra vez el reporte oficial dice que el conductor del vehículo causante de una tragedia escapó del lugar y resulta que nadie, ni los pasajeros sobrevivientes ni los dueños de las unidades, saben quién era el individuo que gracias a esa práctica puede estar al día siguiente conduciendo otra unidad y arriesgando otras vidas, como si nada hubiera ocurrido.
Pienso que es momento de elevar las penas para los conductores del transporte público que causen la muerte de alguno de sus pasajeros y lo mismo debería hacerse con aquellos agentes que aparecen en los videos embolsándose el pisto que les entregan los transportistas. Lastimosamente no tenemos un Congreso preocupado por esos temas y están más pensando en cómo van a premiar a los exmilitares que atacaron e incendiaron las instalaciones del Congreso (ese incendio, a diferencia del de noviembre del 20 no fue autoprovocado) pero que no mueven un dedo para atender los reales problemas de la población.
Las empresas de transporte que se vean envueltas reiteradamente en ese tipo de percances tienen que ser canceladas y los propietarios obligados a asumir con su patrimonio las reparaciones correspondientes, ya que se negaron a pagar el seguro. Por supuesto que para ello hace falta un Ministerio Público que trabaje y jueces dignos que apliquen la ley y no se dejen comprar por un soborno como ocurre ahora.
La cultura de desprecio a la ley, esa forma en que aquí todo mundo hace lo que le da la gana aunque ello cobre vidas, es algo que nos debería de obligar a entender cuánto daño le hace a la sociedad el relajamiento colectivo que va parejo con el modelo de impunidad. No podemos ni debemos seguir tolerando esa irresponsabilidad e irrespeto que cobra tantas vidas.
