Oscar Clemente Marroquín
En medio de la calma chicha que ofrecen estos días de fin de año, la Corte de Constitucionalidad no ha tomado descanso y en menos de una semana emitió sendas resoluciones a favor de Sandra Torres Casanova y de Alba Elvira Lorenzana Cardona, ambos casos relacionados con lo que se debe considerar como el pecado original de nuestro corrupto y podrido sistema político, es decir el financiamiento electoral que se hace y se recibe de manera oculta para asegurar privilegios a los generosos donantes que pagan un soborno anticipado a los políticos que siempre están dispuestos a venderle el alma al diablo.
En el caso de Torres la acusación era por recibir los financiamientos y en el caso de Lorenzana era por la actitud siempre generosa de los canales de televisión con los de la clase política que se vislumbran con alguna posibilidad. Así es como se logró obtener una especie de derecho vitalicio sobre las frecuencias del monopolio existente, pero es evidente que a juicio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad si a algo hay que ponerle fin cuanto antes es a esa “infamia” de andar investigando los negocios que se hacen por la vía del financiamiento de las campañas políticas.
Y cómo para que no, si para ello fue que fueron seleccionados con lupa para conformar esta CC que está en realidad haciendo tanta historia como la que hace Consuelo Porras desde su posición de Fiscal General y siempre en la misma dirección, es decir, asegurar impunidad a los que son responsables de los delitos más graves relacionados con el podrido sistema político nuestro que se distingue por tener grupitos electoreros, propiedad de uno que otro largo, que presumen de ser partidos sin tener ninguno de los elementos esenciales para que se pueda hablar de las verdaderas entidades de derecho público que define nuestra Carta Magna.
El último caso es especial porque el llamado Ángel de la Democracia no podía dar la cara en algunos asuntos y fue su esposa la que figuró, lo que la colocó en el meollo de la tormenta desatada al destapar la famosa cooptación del Estado que se hace por la vía de la compra de la conciencia de los políticos mucho antes de que sean investidos como gobernantes. Al cargo ya llegan amarrados por el soborno anticipado que se disfraza de financiamiento electoral aunque todos sepamos que se trata de dinero condicionado, que no se regala sino se proporciona para asegurar ventajas y privilegios.
Si en la vida es raro que alguien regale algo, en política esa extrañeza nunca se da porque todo proviene de los grupos que requieren de la protección del Estado. Lo mismo poderosos empresarios que hablan siempre del libre mercado pero que actúan con mentalidad mercantilista hasta los capos del narco que, como pudo comprobar Mario Estrada, no sólo ofrecen pisto sino también eliminar a potenciales adversarios.
Todo es compadre hablado. La alianza de la impunidad modificó la ley por el tema de retroactividad y ahora la Corte de Constitucionalidad, electa para eso cabalmente por esa misma putrefacta alianza, cumple con lo pactado y de esa manera la fiesta del financiamiento no sólo seguirá, sino que como toda la que vuelve, viene con más ganas.
