Tras el anuncio de que los maestros tendrían prioridad para vacunarse, ahora vemos que desde el Congreso, el Organismo Judicial y el Ministerio Público se solicita que el personal de esas dependencias también sea incluido entre las prioridades y el clamor es absolutamente justo porque toda la ciudadanía sabe y entiende que sin vacunas el riesgo de contagio es demasiado alto y que ello se puede traducir en severas complicaciones y hasta en la muerte. El problema es que no existen suficientes dosis para atender esa creciente demanda y si se le da oportunidad a cualquier gremio, todos van a coincidir en que merecen trato preferente y lo harán con la boca llena de razón.
El problema esencial es que estamos hablando de protección de la salud pública y en ese contexto es muy difícil ser justo si se trata de dar prioridades que se centren en los servidores públicos y dejen sin protección a miles de personas que desempeñan labores en el sector privado y que se exponen constantemente para prestar servicios. Siempre me ha preocupado mucho el tema del personal de apoyo en las escuelas y colegios que no forman parte del magisterio, pero que contribuyen día a día con la labor de los maestros. Lo mismo pienso de aquellos que se ganan la vida atendiendo a clientes en restaurantes o bares y que tienen que hacer su trabajo pese a los riesgos porque es su único medio de vida y la única alternativa sería dejar el chance para evitar contagios. Y eso se puede ir repitiendo con todos y cada uno de los sectores, públicos y privados, en donde es necesario que el trabajador tenga presencia física y, por lo tanto, se exponga a contagios con el virus.
Por eso creo que el Ministerio de Salud Pública se verá en difícil posición en la medida en que las más altas autoridades de los poderes del Estado le requieren que incluyan entre las prioridades para la vacunación a su propio personal, porque al fin y al cabo se trata de ciudadanos como cualquier otro y en el caso de la pandemia la única discriminación válida es la referida al riesgo de complicaciones y muerte, como ocurre con las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas que implican mucho mayor peligro de muerte.
Pero lo que sí se debe tomar en cuenta es que entre la ciudadanía crece el temor por la forma en que se está propagando el virus y también la certeza de que la vacunación es el único elemento capaz de evitar nuevos y más graves contagios. Por ello es grave la responsabilidad (o irresponsabilidad) derivada del manejo que se hizo de la negociación con las vacunas y que sigue oliendo muy feo, tanto así que es obvia la preocupación del mismo Giammattei para que Consuelo Porras se haga cargo de apachar cualquier clavo que pueda surgir por allí.
Actuar con diligencia para asegurar no sólo suficiente cantidad de vacunas sino también de lo necesario para preservarlas con la cadena del frío y luego poderlas aplicar a la población es ahora imperativo y ojalá que las autoridades, que junto a Giammattei dirigen los organismos cooptados por el Pacto de Corruptos, le exijan a él que acelere la vacunación no sólo para sus subalternos, sino para el resto de la población.
