Mario Alberto Carrera
Hace algunos días realizaba yo comentarios críticos entorno del caso de la jueza Érika Aifán, caso en el que se ha pedido que se le retiraran los derechos de antejuicio para poderla –infames- procesar y paralizar.
La abogada Aifán, y su juzgado, ha sido ejemplar para aplicar la ley en casos de alto impacto en que ha imputado y procesado a gente ligada al crimen organizado, al Pacto de Corruptos o a la corrupción en general fusionados al Estado y sus dependencias.
Ha sufrido persecución y amenazas de diversa naturaleza y por ello y en defensa de la “democracia”, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, ha salido públicamente en defensa de la jueza Aifán para protegerla, repudiando la intención de birlarle sus derechos, acto que ha contado con la aprobación de muchos, incluyéndome, pese al conflicto que se da en cuanto al tema de la soberanía.
Aquí vemos el caso de un país que se injiere en la soberanía de otro sin ningún azoro ni aturdimiento, sino fresco y desenfadado. Esta es la situación de Estados Unidos frente a Guatemala y su soberanía. Pero también en ello se da el plausible gesto estadounidense de defender a Aifán, aunque es obvio el pisoteo de los soberanos derechos guatemaltecos.
Casi a la vez se está produciendo algo similar en el tema de “soberanía” y “democracia” y es el asunto de los del G13 y el Ejecutivo guatemalteco en el caso de la Comisión de Postulación de Candidatos a Fiscal General, a cuyo escenario ha salido como actor estelar Hans Magnusson, embajador de Suecia, como convidante a una reunión entre G13 y la mencionada Comisión.
Aquí sí que ha saltado con rotundidad –contundente y concluyente- el Gobierno devorando casi a Magnusson en su papel de invitador pero, asimismo, a los países donantes. Porque el donar no les inserta categoría de críticos ni menos de consejeros, según el Gobierno enajenado y maniático de Giammattei (que se atribuye, vesánico, bondades que nunca ha tenido con los gobernados) en el II discurso anual, en el Congreso de la República, donde posó de “heroico”.
Pero hay que ser algo razonable, basado en la Convención de Viena, y sus acuerdos, Guatemala lleva razón “legal”, pues los diplomáticos extranjeros no deberán injerirse o inmiscuirse en asuntos internos del Estado donde representan a sus países. Mas resulta que hay otros entendimientos o concertaciones que permiten una sutil injerencia de los extranjeros diplomáticos del G13 en ciertos asuntos del país y es por ello que los países donantes (qué adjetivo en este caso tan malsonante y peyorativo, casi nos hace sentir miserables) se han permitido inmiscuirse en este tema de la Comisión de Postulación de Candidatos a fiscal, con gran sutileza y educación, hay que reconocerlo siempre.
¿Quién lleva la razón? Cada quien en su campo la tiene, pero el argumento de nuestro Gobierno es avieso y se sale por la tangente; ya que si hemos aceptado gustosos los regalos y donaciones del G13, es muy del caso que los donantes se inmiscuyan en Guatemala.
El G13 debe y puede –desde un punto de vista acaso puramente moral- injerirse en los asuntos internos del país porque las ayudas del G13 permiten la subsistencia económica del Estado y del país. Y ya se sabe que quien paga el sarao y la orquesta, manda en la fiesta.
En cierto modo los países del Tercer Mundo somos esclavos de los del Primero –al menos lacayos- que no siempre podemos hacer valer valores de la democracia e invocar y apelar a la soberanía.
Somos lo que somos y las cosas son como son. Quienes nos revestimos de sensatez asumimos que el Departamento de Estado, y Ned Price, tienen razón al decantarse por la jueza Aifán; y, el G13 asimismo, al invitar a la Comisión acaso para aconsejarla que no escuche al Pacto de Corruptos.
