La Constitución Política de la República establece con claridad que la educación es un derecho humano fundamental, un pilar indispensable para el desarrollo de la persona y para la construcción de una sociedad democrática. No se trata de un privilegio ni de una concesión graciosa del Estado, sino de una obligación que las instituciones deben garantizar sin excusas ni evasivas.
Sin embargo, en la realidad, ese derecho se ve vulnerado de manera sistemática, dejando a los jóvenes en la orilla de la exclusión y condenándolos a un futuro sin oportunidades. Todo esto por decir lo que piensan, haciendo valer una ley constitucional y no pensar como corruptos, sino que, como ciudadanos honorables, con ética y profesionalismo. Que al final de cuentas eso es lo que debe ser la academia.
El caso reciente de un grupo de 30 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que han visto borrados sus expedientes de inscripción, sus cursos ganados y la papelería que presentaron al momento de registrarse, es una muestra dolorosa de cómo la indiferencia institucional puede convertirse en una forma de violencia.
No hablamos de un error administrativo menor, sino de una acción que les arrebata años de esfuerzo, horas de estudio y la esperanza legítima de avanzar en su formación académica. La educación, que debería ser el camino hacia la dignidad y la movilidad social, se transforma en una ruta bloqueada por la negligencia y el desinterés. Lo que buscan es tener estudiantes silenciados, que caminen como borregos, pero eso no lo van a lograr.
Lo más grave es que la Junta Paritaria de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, junto con su directora Regina Miranda y equipo de trabajo, han optado por el silencio. No han salido a defender a sus estudiantes, no han levantado la voz para exigir una solución, no han mostrado la mínima empatía hacia quienes es su razón de existir. Espero que nadie vuelva a votar por esta gente, porque no merecen los cargos que ostentan para representar a la Escuela de Ciencias de la Comunicación (ECC).
Esa actitud pasiva revela una desconexión profunda entre las autoridades y los jóvenes, como si los alumnos fueran simples números en una lista y no personas con sueños, proyectos y derechos. La indiferencia institucional se convierte, entonces, en complicidad con la injusticia cuando en la carrera de Ciencias de la Comunicación enseñan la Ley de Emisión del Pensamiento, pero en letra muerta, porque en la vida real para esta “gentuza” no existe este derecho universal. No sé qué enseñan entonces.
La dirección y el secretario de la unidad académica tampoco han movido un dedo para apoyar a los estudiantes. Su inacción es un mensaje devastador: que los jóvenes están solos, pero no es así porque cuentan con respaldo de muchos guatemaltecos y no deben enfrentar por sí mismos un sistema que los margina. Esa falta de liderazgo no solo erosiona la confianza en la institución sancarlista, sino que también destruye la credibilidad de quienes ocupan cargos de responsabilidad. ¿De qué sirve ostentar un título de director o secretario si, en el momento de la crisis, se elige la comodidad del silencio en lugar de la defensa activa de los derechos?
La educación no puede ser tratada como un trámite burocrático. Es un derecho humano que implica compromiso, vigilancia y acción constante para garantizar que nadie quede fuera. Cuando una institución borra expedientes y desconoce cursos ganados, está negando la esencia misma de ese derecho. Está diciendo, en los hechos, que la preparación de los jóvenes no importa, que su esfuerzo es desechable, que su futuro puede ser borrado con un clic o con una decisión arbitraria. Pero también muestra que pueden colocar cualquier tipo de dato en beneficio de los que sí callan y que se arrodillan.
El impacto de esta negligencia va más allá de los 30 estudiantes afectados. Envía un mensaje a toda la comunidad académica, en donde se le dice que la institución no está dispuesta a defender a sus alumnos, que la burocracia pesa más que la justicia, que la indiferencia es la norma. Ese mensaje mina la confianza, desmotiva a quienes aún creen en la educación como herramienta de cambio y perpetúa la idea de que en Guatemala los derechos existen solo en el papel, pero no en la realidad.
La indiferencia institucional no puede seguir siendo la respuesta. La defensa de la educación exige valentía, exige compromiso, exige que las autoridades asuman su papel como garantes de derechos y no como administradores de trámites. Los 30 jóvenes afectados merecen justicia, merecen respeto, merecen que se reconozca su esfuerzo y se les devuelva la oportunidad de construir un futuro digno.
Ante esta situación, resulta indispensable exigir que el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) defienda la esencia de su mandato y actúe en favor de los estudiantes, porque su silencio sería una traición al principio constitucional que protege la educación como derecho humano. Del mismo modo, corresponde al Ministerio Público investigar de inmediato y sancionar a los responsables de este acto deplorable que pone en riesgo el futuro de treinta jóvenes guatemaltecos que, con esfuerzo y dedicación, buscan oportunidades en una sociedad cooptada por un grupo de “sinvergüenzas”.
La omisión de estas instituciones no solo perpetúa la injusticia, sino que envía el mensaje de que en Guatemala los derechos pueden ser borrados con la misma facilidad con que se eliminan expedientes. Este caso no es ajeno a mi persona, hace algunos años, junto a otros 150 estudiantes sufrimos la misma situación, con diferentes circunstancias, pero siempre con la apatía de la autoridad estudiantil, quienes se hacen los locos, en vez de defender a los que se deben y por ende existen.
