Marco Tulio Trejo

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Soy periodista, comunicador social y un soñador creador de opinión pública, para hacer conciencia que permita mejorar los problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan y nos mantienen inmersos en una sociedad con pocas oportunidades de vida para las nuevas generaciones. Estoy convencido de la importancia que tiene la prensa, en el fortalecimiento de la democracia, para coadyuvar a la consolidación de un Estado de Derecho con una certeza jurídica y el lema de mi señor padre siempre fue: “la pluma no se vende, ni se alquila”.

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En muchos municipios desde finales del año 2022, se empezó a ver que los candidatos para alcaldes pintaron las paredes con los logos de sus partidos políticos, los cuales los van a promover para que participen en las próximas elecciones generales 2023.

Esta situación es la clara actitud de los candidatos de no querer respetar el artículo 196 literal b de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), que establece que la propaganda se podrá colocar a partir del 27 de marzo.

Ante esta actitud de negligencia el Tribunal Supremo Electoral, ha girado instrucciones para que las municipalidades retiren de inmediato la “publicidad política” colocada en postes, paredones y paredes de la vía pública de los diferentes municipios y ha solicitado a los partidos que la colocaron que la retiren de forma voluntaria en un plazo de 48 horas.

Será que por esta razón que varios partidos políticos decidieron impedir el acceso a los medios de comunicación a una reunión con los magistrados del TSE, con lo cual demuestran su falta de transparencia para dirimir las malas decisiones tomadas por sus correligionarios.

¿Pero qué multa les van imponer? Es necesario que el ente electoral demuestre que tiene la autoridad necesaria para hacer cumplir la “incipiente” Ley Electoral y de Partidos Políticos, porque como no tiene el poder “coercitivo” (no tiene la fuerza para imponer la ley), los señores “politiqueros” hacen de las suyas, creyendo que son más “pilas” que la autoridad.

Pero no es que sean más “pilas”, son personas que no respetan las leyes, ni a nadie y demuestran que no le tienen miedo a nada, que no les importa violar las normas para lograr sus objetivos, pero lo bueno es que la gente se da cuenta y valora quien es cada quien de sus próximas autoridades.

Es importante mencionar que cada una de las fases del proceso de elecciones contemplado en la LEPP, que estipula claramente las fechas determinantes para que se lleve a cabo el desarrollo del próximo evento eleccionario que está definido en el decreto 1-2023 del TSE, de la convocatoria a elecciones generales 2023.

Estamos en el proceso de inscripción de candidatos hasta el 26 de marzo; así como la inscripción y constitución de comités cívicos. El 25 de marzo finaliza el período de empadronamiento y vence el plazo para integrar las juntas electorales departamentales.

Pero será hasta el 27 de marzo a las 12:00 horas que se podrá hacer propaganda hasta el 23 de junio, 48 horas antes que se abran los centros de votación para que los ciudadanos acudamos a emitir nuestro voto.

Pero está estipulado que del 22 al 28 de abril se dé la publicación del padrón electoral que será utilizado el día de elecciones, pero del 10 de junio al 24 de junio la maquinaria electoral debe velar por la preparación y remisión de las cajas electorales.

El 24 de junio a las 12:00 horas al 26 de junio a las 6:00 horas queda totalmente estipulada la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, porque el 25 de junio será el día “D”, donde empezaremos a conocer la decisión de los votantes, quienes tenemos una responsabilidad grande para elegir nuestras próximas autoridades por los cuatro años venideros.

Estas son las fases electorales que se deben respetar y cumplir, los magistrados del TSE han emitido resoluciones que dicen que es totalmente prohibida la campaña anticipada y por esa razón es que deben hacer cumplir la ley vigente, pero de una manera pareja y no con vacíos que lo único que provocan son críticas y señalamientos de que la autoridad electoral actúa a “dedo”.

Es necesario que los magistrados del máximo ente electoral den muestras de que van hacer bien las cosas y que no dejen cabos sueltos para que se hable de un fraude, situación que nos pone en una posición incómoda ante el mundo, porque viene a reconfirmar lo que muchos critican: que no somos un Estado democrático.

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