Continuo con la serie de columnas donde relato nuestra historia política de los últimos 30 años para tratar de recordar a los lectores el pasado político reciente del país e identificar en los listados de candidatos personajes que estén postulándose para cargos de elección popular y que pudieran estar involucrados en movimientos políticos o administraciones anteriores. Todo lo anterior para generar memoria y que el electorado pueda meditar su voto adecuadamente tanto para la presidencia como para alcaldes y diputados.
En mi columna de hace 2 semanas abordé el gobierno del PAN (1996-2000) y en la semana anterior el gobierno del FRG (2000-2004). En esta abordo el gobierno de Óscar Berger, como Presidente, y a Eduardo Stein, como Vicepresidente. Como se recordará, el FRG se enfrentó al sector empresarial organizado –CACIF– en varias vías. Por un lado, permitió la importación de cemento, pollo y azúcar en detrimento de los intereses de los conglomerados empresariales y gremiales en torno a esos productos. Luego, hubo otro enfrentamiento con la promoción de una muy adversada reforma tributaria. El FRG promovió un agresivo programa de creación de nuevos impuestos específicos (cemento, bebidas, etc.) y elevó el IVA del 10% al 12%. Dicha reforma fue adversada por el CACIF, la cual impugnó varios de los decretos aprobados por la aplanadora del FRG dejando muchos sin vigencia. Sin embargo, principalmente el desafío del FRG al poder político-económico “tradicional” vino de la descentralización del poder que había traído, así como del ascenso de “élites emergentes” con mucho poder político y económico que disputaba sus cuotas de poder con los otrora sectores dominantes. Asimismo, la toma de control de las Cortes y su falta de control sobre la Corte de Constitucionalidad, así como la falta de respeto a las “formas” en el Jueves Negro, crearon un ambiento de malestar en el sector privado organizado y un llamado a la acción.
Ese llamado fue a crear unidad en los distintos sectores económicos en torno a un proyecto político que seriamente le pudiera disputar el poder al FRG y a otras fuerzas políticas en ascenso como la Unión Nacional de la Esperanza (UNE). Así, se hizo una arenga para unir los esfuerzos dispersos de partidos de derecha y centro-derecha como los del Partido de Solidaridad Nacional (PSN), el Partido Patriota (PP) y el Movimiento Reformador (MR) para formar la Gran Alianza Nacional o GANA. De este esfuerzo surgió una amalgama que mezcló actores políticos ligados al sector económico tradicional con elementos nuevos o emergentes de los distritos del interior del país.
Oscar Berger (presidente) y Eduardo Stein (vicepresidente), fueron el binomio presidencial de la GANA. En las elecciones, no lograron mayoría en el Congreso al haber obtenido de 158 únicamente 47 escaños, el FRG obtuvo 43, la UNE 32, el PAN 17, el Partido Unionista 7, la ANN 6, la URNG y el DIA, 2 cada uno, y por último, el DIA y la Democracia Cristiana, un escaño cada uno. Se puede apreciar que la fragmentación del Congreso tiene su origen en esta legislatura, ya que se incrementó de 113 diputados a 158 en esas elecciones. Controlando el Organismo Ejecutivo pero no el Congreso forzó a que la GANA tuviera que profundizar las prácticas que institucionalmente habían surgido durante la administración del FRG para generarse gobernabilidad y mayorías parlamentarias para lograr aprobación de leyes y presupuestos.
De esa forma, si bien en la época del FRG se aprobó la infraestructura normativa que “institucionalizó” la descentralización de la aprobación de proyectos de obra pública por medio de la Ley de Descentralización y la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, fue la GANA la que con el “Programa de Apoyo a Comunidades Urbanas y Rurales” –el conocido “PACUR”– propugnó por aprobación de proyectos de infraestructura con beneficio a diputados distritales para lograrse apoyo en iniciativas. Este programa, criticado en la época, sólo acentúo el fenómeno de la “democratización de la corrupción”. Dejando de lado eso, en materia de infraestructura vial, en esta época se construyeron 261 kms/año de carreteras y caminos, un aumento importante frente a los 83 kms/año en la época del FRG (el más bajo en la historia reciente). Asimismo, se aprobaron leyes especiales para licitar la construcción de la Franja Transversal del Norte y el Anillo Metropolitano, pero sólo se ejecutó el primero y el cual hasta la fecha está cerca de su finalización. De la misma forma, en dicha administración se remodeló el Aeropuerto Internacional La Aurora para aumentar su capacidad pero completándose con algunas falencias que a la fecha no se solucionan aún (sistema de aire acondicionado y fajas).
En el tema de seguridad y justicia es importante destacar que en dicha legislatura se aprobó la Ley contra la Delincuencia Organizada promovida por EE. UU. Es relevante que en materia de seguridad en dicha época hubo escándalos muy importantes. Así, por ejemplo, en el 2006 ocurrió el atraco del robo de US$ 8 millones que iban a ser trasladados en avión a la Reserva Federal. Otro caso importante fue la Operación Pavo Real en 2005 por la cual se tomó la Granja Penal Pavón y hubo una balacera importante donde fallecieron varios presos. La operación posteriormente fue investigada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y resultó en una persecución penal en contra del Ministro Carlos Vielmann (absuelto en España), el Director de la Policía en esa época, Erwin Sperisen (condenado en Suiza) y contra otros policías y operativos que participaron por supuestas ejecuciones extrajudiciales, e incluso contra el ahora presidente Alejandro Giammattei que era Director de Presidios en esa época (absuelto también). Y, por último, el caso de los diputados del Parlacen que fue un escándalo a nivel internacional en el que murieron ejecutados 4 diputados salvadoreños del Parlacen en el que se rumoró que había existido involucramiento de agentes operativos de la Policía Nacional Civil y de un comando élite no policial de la PNC.
En particular, el caso del Parlacen fue un escándalo internacional que a la fecha deja muchas incógnitas y cuestionamientos. Sin embargo, lo más importante es que a raíz del mismo, recobró vigor el proyecto de creación de la CICIG que había fallado en el 2004 (llamada la CICIACS). A raíz de este incidente fue suscrito el Acuerdo de creación de la CICIG entre la ONU y Guatemala, se aprobó el Decreto 35-2007 y se obtuvo la opinión favorable de la Corte de Constitucionalidad. Su misión fue combatir “los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad” definiéndose estos de forma muy amplia como “grupos” que cometían “actos ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de derechos civiles”, “vinculados al Estado” o “con capacidad de generar impunidad” (artículo 1 literal d)). Curioso resulta apreciar que en dicha época la administración Berger-Stein apoyados por los sectores económicos tradicionales apoyaron la creación de dicho ente para apoyarlos a desmantelar estructuras dentro del Estado que cometían actividades ilegales.
Del gobierno de la GANA se puede decir que fue un gobierno que en el Ejecutivo fue tecnocrático pero su legado más profundo fue que, por conveniencia política y para generarse gobernabilidad en el Congreso, alimentó el proceso iniciado por el FRG de la distritalización de la política y del fenómeno de la “democratización´” de la corrupción a los distritos del interior del país por el PACUR. Adicionalmente, tuvo un rol preponderante en que la CICIG existiera lo cual iba tener efectos importantes en el futuro.
La GANA no tuvo éxito en las elecciones siguientes de 2007 ya que la UNE era la fuerza política en ascenso. Sin embargo, de su seno, salieron a la palestra políticos que posteriormente tuvieron o tienen notoriedad, así, por ejemplo, en sus filas de diputados se encontraron Otto Pérez Molina (posteriormente electo presidente con el PP y procesado en el caso la Línea), Juan Luis Florido (electo diputado y nombrado Fiscal General en ese período), Oliverio García Rodas (electo posteriormente diputado del PP), Roxana Baldetti (posteriormente electa Vicepresidente en el gobierno del PP), Gudy Rivera (posteriormente Presidente del Congreso del PP y condenado por tráfico de influencias), Anabella De León (ex Registradora de la Propiedad en el gobierno del PP), Luis Flores Asturias (vicepresidente en el gobierno del PAN), Benjamín Paniagua (diputado y actual candidato a Alcalde de Quetzaltenango de la UNE), Jaime Martínez Lohayza (condenado por el caso de “Lavado y Política” a 5 años de prisión y candidato a diputado del partido Valor por Jutiapa en estas elecciones) y Luis Alberto Contreras Colindres (actual diputado y candidato a diputado de CREO por San Marcos).
En un estado de cosas bastante curioso en la política actual, cierta parte del sector empresarial apoya a la coalición formada por el Partido Unionista y el Partido Valor lanzando para buscar la Presidencia a Zury Ríos (ex FRG), cuando hace 20 años estaban disputándose el poder y eran enemigos acérrimos. Muchos analistas miran una paradoja en ese estado de cosas. La GANA en las elecciones del 2007 obtuvo 37 escaños, pero luego se debilitó por disputas internas. Sin embargo, pudiera decirse que en las elecciones del 2003 quizá fue la última vez que el sector empresarial organizado hizo un esfuerzo coordinado y efectivo de unificar fuerzas para obtener la Presidencia en miras de reconducir la política luego de la debacle de lo que fue el gobierno del FRG.
