Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
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En mi columna de la semana pasada abordé el gobierno del PAN. El proceso electoral sigue avanzando y continúo con la serie de columnas sobre los gobiernos pasados desde el 1996 hasta la fecha. Lo anterior para tratar de recordar a los lectores el pasado político reciente del país e identificar en los listados de candidatos personajes que estén postulándose para cargos de elección popular y que pudieran estar involucrados en movimientos políticos o administraciones anteriores. Todo lo anterior para generar memoria y que el electorado pueda meditar su voto adecuadamente tanto para la presidencia como para alcaldes y diputados.
Alfonso Portillo y Juan Francisco Reyes López, binomio del partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), ganaron las elecciones de finales del 1999 al ganarle en segunda vuelta al binomino del PAN compuesto por Óscar Berger Perdomo y Arabella Castro. En campaña el Presidente Portillo fue muy hábil en criticar por opacas las privatizaciones del PAN y con un discurso populista conectó con el electorado rural. En esas elecciones el FRG obtuvo 63 de 113 escaños en el Congreso de la República, obteniendo 52 distritales y 11 de listado nacional. Nuevamente, al igual que el PAN, con el Ejecutivo y con “aplanadora”, el FRG realizó profundos cambios en la gobernanza del país que hasta la fecha perduran y que, en gran medida, constituyen piedras fundamentales del Estado disfuncional que tenemos actualmente.
En materia legislativa, el FRG promovió un modelo de gestión del Estado de forma descentralizada. Su eje de poder político venía de los distritos o de los “territorios” y no era de la capital. Congruentemente, trató de “abrir” la gobernanza del país a los departamentos del interior del país. Quizá en la última reforma administrativa relevante en los últimos 30 años, el FRG aprobó la Ley de Descentralización (Decreto 14-2002), la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11-2002) e incluso un nuevo Código Municipal (Decreto 12-2002). Dichas normas tenían un fin loable que era que desde los caseríos, los municipios y hasta los departamentos existieran canales legales para la participación ciudadana en la gestión de los territorios y para plantear necesidades y promover proyectos de obra pública por gestión descentralizada. En esa época se apreciaron esas leyes como instrumentos legislativos necesarios para realizar una profundización democrática de la gobernanza. Veremos más adelante que el modelo degeneró en la “democratización de la corrupción” al politizarse el “Listado Geográfico de Obras” por los diputados distritales, precisamente la base de poder del FRG.
Por otro lado, el gobierno del FRG tuvo un efecto muy importante en el sector de justicia bajo el liderazgo del entonces esposo de la actual candidata a la presidencia Zury Ríos, Roberto López Villatoro, ya que con la promoción de una reforma a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria (Decreto 72-2001) reformó la forma en que se elegían autoridades en los colegios profesionales para que tuvieran mayor participación los abogados del interior del país y, con ello y por el cabildeo de esas redes de profesionales, eventualmente logró destronar a las élites que por décadas habían controlado el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) del país. Ahora bien, ese afán “democratizador” no era un fin en sí, sino el medio para después él y sus grupos de abogados, tener control del CANG y, con ello, las postuladoras de Altas Cortes y, a la vez, la Corte de Constitucionalidad (CC) para habilitar jurídicamente la candidatura del General Efraín Ríos Montt que era objeto de la prohibición constitucional del artículo 186 (tendrían los votos del Ejecutivo, Legislativo y CANG al poder escoger a los magistrados fácilmente). En esta reforma, aunado a la injerencia que tenía por la cercanía a la cúpula del FRG, algunos ven el origen de la politización de las Cortes y del calamitoso estado en el que se encuentra el sistema judicial guatemalteco.
En materia económica, el FRG se enfrentó al sector empresarial organizado – CACIF – en varias vías. Por un lado, permitió la importación de cemento Cruz Azul en contra de los intereses de Cementos Progreso. Asimismo, permitió la entrada de pollo proveniente de EEUU (Tyson y Hudson) en contra de los intereses de CMI. En cuanto al azúcar también se permitió la entrada de Cuba y Brasil de azúcar lo cual afectó al sector azucarero organizado en ASAZGUA. Otra vía en la que se enfrentó al CACIF fue con la promoción de una muy adversada reforma tributaria. El FRG promovió un agresivo programa de creación de nuevos impuestos y elevó el IVA del 10% al 12%. Dicha reforma fue adversada por el CACIF la cual impugnó varios de los decretos aprobados por la aplanadora del FRG dejando muchos sin vigencia. En una forma no antes vista desde 1987-1988 el CACIF promovió un paro del sector empresarial en agosto del 2001 promoviendo un movimiento por la transparencia y en contra de la corrupción del gobierno (el “Día de la Dignidad Nacional”).
Adicionalmente, en materia económica, hay que recordar que en esa época se dio el salvataje de varios bancos, tales como el Metropolitano y el Promotor, en el que se erogaron cientos de millones de quetzales. Esos bancos, se recordará estaban ligados a Francisco Alvarado McDonald, financista de Alfonso Portillo y mucho se especuló sobre las condiciones en que se otorgó el salvataje. Esas quiebras, así como la del Banco Empresarial, ultimadamente llevaron a la aprobación de las leyes de modernización bancaria, la Ley de Supervisión Financiera (Decreto 18-2002), la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002) y las reformas de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala (Decreto 16-2002).
Al final, quizá la “huella” más grande que dejó el régimen del FRG es la desfachatada corrupción que hubo en el mismo. Desde los desfalcos en el IGSS por más de Q 300 millones en compra de bienes inmuebles sobrevalorados en un fideicomiso, el reportado desfalco en el Instituto de Previsión Militar (IPM) por Q 471 millones en el que está presuntamente involucrado el hermano de la candidata a la presidencia Zury Rios, Enrique Ríos Sosa (el que sigue aún en proceso), los malos manejos en el Crédito Hipotecario Nacional por parte de su entonces Presidente Armando LLort Quiteño, el escándalo de la “Conexión Panamá” y el desfalco presuntamente de Q 90 millones en el Ministerio de Gobernación en el que fue condenado el ex ministro Byron Barrientos, la sensación de la población fue que si bien el PAN había sido un gobierno cuestionado por su corrupción de gran escala en las privatizaciones, en el FRG no había nada que no podía ser objeto de desfalco. La percepción en la población que tiene buena memoria es que la corrupción de ese período fue descomunal y sin pudor. Esa corrupción generalizada a todo nivel y estrato, por ejemplo, se tradujo, para ejemplificarlo con cifras, en que el MICIVI en esa época, construyó 83 Km/año cuando en el gobierno anterior del PAN se habían construido 369 Km/año. La diferencia es abismal y tiene correlación directa en la forma cuestionable que gobernó esa administración.
De los legados más duradero de la administración del FRG ha sido, en gran medida, la distritalización de la política y la descentralización a los territorios del interior del país de la corrupción. El modelo de descentralización de los Consejos de Desarrollo Urbanos y Rurales, y el “Listado Geográfico de Obras” desde entonces, pero más en la actualidad, ha degenerado en un modelo de corrupción que beneficia a los diputados distritales por medio de la obtención de contratos de obras de poca calidad en los distritos. Se ha convertido la moneda de cambio de votos en el Congreso y ha profundizado el decaimiento de la infraestructura vial y de todo tipo en el país.
Otro de los legados más duraderos es la corrupción de la elección de Cortes. La cooptación del Colegio de Abogados y la dinámica que se ha desatado en los últimos 20 años es el origen de la cooptación de las Cortes y de nuestro “mercado político” de jueces actualmente. En ese entonces quedó de manifiesto con la cooptación de la Corte de Constitucionalidad para que en dicha instancia se diera “luz verde” a la candidatura de Efraín Ríos Montt y la saga del “Jueves Negro” pero sus resabios aún siguen en vigor hoy en día.
El FRG en las elecciones siguientes de 2003 no tuvo el éxito que esperaba y, eventualmente dejó de existir, pero en su seno, se crearon diversos cacicazgos distritales que siguen vigentes. Podría decirse que los principales. Los clanes de los Quej (Alta Verapaz), los Arévalo (en Totonicapán), Arístides Crespo (en Escuintla), los López Villatoro (en Huehuetenango) y los López (en Quiché) y muchos otros trazan sus origen a ese gobierno. Hoy algunos de esos caciques se han retirado de la política, sin embargo muchos siguen vigentes en distintos partidos y se postulan ellos o sus familiares para puestos de elección popular. Incluso, fuera de los cacicazgos mencionados anteriormente, personajes como Luis Alfonso Rosales, ex diputado de Valor en esta legislatura y actual magistrado suplente en la CC, traza sus orígenes políticos al FRG. De la misma forma, Rudio Lecsan Mérida, actual candidato a la presidencia del Partido Humanista, proviene de dicha agrupación en la cual fue diputado en el período 1996-2000 y luego fue nombrado Director de la Policía Nacional Civil (PNC) por Alfonso Portillo en el año 2000.
En un estado de cosas bastante curioso en la política actual, la facción del PAN que se convirtió en el Unionismo hoy forma coalición con Zury Ríos del Partido Valor para buscar la Presidencia, la alcaldía metropolitana y diputaciones en conjunto con ex funcionarios de la administración de FCN-Nacion (Enrique Degenhart y Sandra Jovel, entre otros). De la misma forma, en el partido Cabal, se menciona que se encuentran Haroldo Quej (Alta Verapaz), los López de Huehuetenango y los López de Quiché. Muchas cosas se pueden opinar del gobierno del FRG, pero es indiscutible que dicho partido ha dejado huella en la política guatemalteca.
