Recordemos que Roberto Arzú –nada sospechoso de ser un izquierdista peligroso– advirtió recientemente en un video ampliamente circulado en las redes sociales que el Pacto de Corruptos tenía dos planes para enfrentar a Semilla y a Bernardo Arévalo en el balotaje electoral del pasado domingo 20 de agosto: el plan A que era asegurar el triunfo de Sandra Torres recurriendo al apoyo masivo del oficialismo con dinero para compra de votos, acarreo de votantes, apoyo de los alcaldes de Vamos, etc. etc. El rotundo fracaso de ese plan A está a la vista de todos. Además, nunca antes en la historia de los balotajes presidenciales (desde que se inició este tortuoso tercer intento de construir un sistema democrático de gobierno en 1985) se había producido una reacción espontánea de alegría popular ante el triunfo arrollador de Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla. Sin embargo, pronto el gozo popular se fue al pozo de las inmundicias de la corrupción, porque el pacto sacó a relucir el famoso plan B ya denunciado por Arzú: no habría transmisión de mando el próximo 14 de enero a Bernardo Arévalo, el Congreso controlado por la mayoría corrupta designaría a alguien para sustituir al presidente saliente utilizando toda la panoplia infernal de artimañas y triquiñuelas “legales” (en realidad un golpe de Estado “técnico”) a las que pueda recurrir el esbirro del MP a cargo de la FECI que se encuentra bajo el mando de Porras y de Giammattei. La voluntad popular expresada en las urnas sería burlada así por la judicialización del proceso electoral y la dictadura de los corruptos, plenamente restaurada, podría continuar mal gobernando el país con algún pobre diablo designado por la mayoría corrupta en la nueva legislatura que se instalará también el 14 de enero. Por eso el señor Giammattei dijo (en otro video que circula por las redes) que si llegada la media noche de ese día (que sería fatídico para Guatemala si lo que tienen planeado se llegara a realizar) el Congreso aún no decide quien deba sustituirlo, el entregaría el mando al presidente del Organismo Legislativo y se va para su casa.
Toca pues al pueblo y a la ciudadanía consciente y honrada de este país (que somos la mayoría) impedir que el siniestro plan B de los corruptos se lleve a cabo. Obviamente, las movilizaciones populares para exigir la renuncia de los esbirros en el MP ya están en marcha. Tanto el Movimiento por la Democracia como el Frente Ciudadano por la Democracia e infinidad de otras organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la Convergencia Nacional para la Resistencia Pacífica organizada por Monseñor Álvaro, Cardenal Ramazzini, las organizaciones de los pueblos originarios, como los 48 Cantones, la alcaldía indígena de Sololá y muchas otras más, deberán jugar un papel de gran importancia y el mayor logro de la sociedad civil debería ser obtener la renuncia de tan nefastos personajes. ¿Pero, qué hacer si no hay renuncia? Los candados legales que la propia ley orgánica del MP posee (que debería reformarse en el futuro) son de tal magnitud que es poco probable que, aun iniciando ahora mismo una querella penal por sedición, prevaricato, obstrucción de justicia o cualquier otro delito que los expertos en derecho penal pudiesen encontrar no daría tiempo para que el nuevo presidente pueda destituir a la Fiscal General al asumir el mando (entiéndase que damos por hecho que el plan B fracasará como sucedió con el plan A). Y tener a semejante persona en el MP es equivalente a tener un escorpión venenoso debajo de la camisa. Va a ser muy difícil gobernar con un MP cooptado por los corruptos. Pero ese es un problema posterior a la transmisión del mando a Bernardo Arévalo, la cual debe llevarse a cabo como manda la Constitución y el Estado de Derecho: ¿cómo asegurar que la misma se lleve a cabo en los términos previstos por la ley?
El poder económico, factor de importancia crucial para el momento presente dado que se trata del sector social que se expresa en las cámaras empresariales, debería jugar también un rol decisivo en evitar que el plan B de los corruptos se implemente. Aunque no se trata de ningún bloque monolítico e indudablemente hay fisuras en su interior, a juzgar por las manifestaciones públicas que han tenido instancias formales como el CACIF, la Cámara de Industria, la AGEXPORT, el Consejo Nacional Empresarial, FUNDESA etc. todos ellos están de acuerdo con que se respete el Estado de Derecho y la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Por los canales que se acostumbran, el empresariado debería poner presión sobre Giammattei para que ponga fin a los intentos del MP de continuar criminalizando a Semilla y a sus dirigentes. Está en juego el buen funcionamiento de la economía nacional porque de continuar las turbulencias sociales y los trastornos económicos provocados por el Pacto esto podría dar lugar a estallidos sociales –que nadie desea– similar a los ocurridos en países de la región como Chile, Colombia o Perú en el pasado reciente.
Finalmente, pero no lo menos importante, la comunidad internacional tendrá que jugar su propio papel en impedir que los corruptos se salgan con la suya. Tanto la Misión de Observación Electoral de la OEA (que ahora permanecerá en el país hasta el 14 de enero) como la Unión Europea ya se pronunciaron al respecto. Cabría ahora pedir a la OEA que advierta a Giammattei que de continuar socavando lo decidido en las urnas Guatemala corre el riesgo de que, en aplicación de la Carta Democrática Interamericana se le expulse de la OEA, algo que ya ocurrió en los casos de Venezuela y de Nicaragua. Guatemala está siguiendo los pasos de esos dos países si su desgobierno continúa con la política obtusa diseñada por el Pacto, hay que tenerlo presente. Sin embargo, por razones obvias el país más importante que debería contactarse en el plano diplomático es Estados Unidos. Sería deseable que –dada la gran experiencia en el campo diplomático que posee nuestro presidente electo– él mismo abordara esta problemática por los canales correspondientes y con funcionarios de alto nivel del país del norte. No hay que olvidar que el tema de la corrupción, al igual que el del narcotráfico y de los flujos migratorios provocados por la ausencia de políticas sociales (consecuencia, en buena medida, del saqueo de los recursos del Estado) son un asunto de seguridad nacional para Washington. Y dadas las circunstancias, si la intransigencia del Pacto persiste, la Casa Blanca bien podría recurrir a sanciones contra Guatemala similares a las que se han puesto a países como Rusia por la guerra de Ucrania. Esperemos que las cosas no lleguen a tanto, pero es indispensable que todas las alternativas se pongan sobre la mesa. Y por el bien de Guatemala, todos debemos apostar desde ya, al fracaso del ominoso “Plan B”.
