La violencia contra la mujer es un serio problema social que se traduce en resultados fatales. Un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, (CIEN), presentó datos al respecto, entre los que destaca el hecho de que de cada 4 muertes violentas de mujeres en Guatemala, una es por delitos de femicidio. Se resalta que en muchos casos las víctimas habían presentado denuncias previas y, pese a ello, murieron a manos del acosador.
Creemos que la intención de los legisladores al crear la norma para proteger a la mujer de las distintas formas de abuso en su contra, generalmente producto de los abundantes resabios de machismo existentes en muchas sociedades, era no solo castigar a los abusadores, sino prevenir, cabalmente, este tipo de actos violentos. Sin embargo, llama la atención que sean tantos los casos en los que se concreta el crimen en contra de la vida de la víctima que se presentó oportunamente a buscar ayuda y protección.
Esos mecanismos de protección tienen que ser más eficaces y las mujeres deben sentir que realmente hay un sistema legal que trabaja y opera para brindarles protección y auxilio en los casos en que ellas, con el debido fundamento, denuncian cabalmente para impedir que se llegue a situaciones extremas. No es tolerable que se mantengan elevados índices de crímenes cometidos en el marco de la violencia sistemática contra la mujer y como sociedad debemos analizar qué es lo que impide que se puedan ofrecer mecanismos de defensa.
Como ocurre con tantas cosas en nuestro medio, es lamentable que una ley inspirada en tan altos valores termine siendo instrumento para fines perversos y que, en vez de que el Estado se preocupe por dictar medidas de protección a quienes en realidad son víctimas de las distintas formas de violencia contra la mujer, se use esa ley como una coraza para evitar la fiscalización del ejercicio de la función pública cuando la desempeña una mujer, tipificando como casos de violencia de género cualquier denuncia que se haga de malos manejos de los fondos públicos.
Si con la misma diligencia se atendieran todas las denuncias presentadas por mujeres realmente acosadas por sus parejas o personas con las que tienen relación o vínculo, seguramente que el reporte de esos odiosos crímenes sería mucho menor. Por ello es que insistimos en que al alentar la perversión de alguna institución legal, cuando se le utiliza para fines aviesos y contrarios al espíritu y contenido de las normas, se termina haciendo daño irreparable, especialmente al hablar de la pérdida de vidas humanas.
