El hecho fue dado a conocer este lunes 6 de marzo por el régimen de Daniel Ortega. Foto: La Hora/Vía Jairo Cajina

Las dictaduras no se detienen ante nada y hacen absolutamente lo que les da la gana porque al eliminar la existencia del Estado de Derecho, los ciudadanos dejan de gozar de la protección de la ley y quedan sujetos a los caprichos de los tiranos. El caso de Nicaragua, donde el gobierno de los Ortega-Murillo acaba de expulsar a más de 200 “presos políticos” a cambio de que renunciaran a su nacionalidad y sus posesiones, es un claro ejemplo de la inexistencia de respeto por los derechos humanos que se destruyen por capricho de los poderosos.

Cuando Ortega empezó su propia cooptación de todas las instituciones del Estado para concretar las ambiciones de corrupción de él y su esposa, hizo tenebrosas alianzas con los poderes fácticos del país, asegurándoles a todos beneficios y, por lo menos, espacios para operar en ese tenebroso mundo. Y fueron muchos los nicaragüenses honorables que cayeron en la jugada y se prestaron a ser comparsas en ese esfuerzo por disponer del control no solo del poder legislativo, sino del judicial y del resto de instancias, ruta que fue tolerada y aplaudida por la “prosperidad” que ofreció a varios.

Pero el objetivo final no era compartir ni salpicar a otros. Simplemente fueron utilizados en la crucial etapa de la cooptación para que no se opusieran a los planes oficiales. Ya con todo amarrado, como está sucediendo aquí, esos aliados temporales dejaron de ser importantes y cuando algunos se dieron cuenta del grave error cometido al apoyar a los tiranos, fue demasiado tarde. Sus protestas no solo cayeron en oídos sordos, sino que, además, fueron asumidas como una especie de traición a la patria y empezaron las capturas de aquellos que, con su complacencia, facilitaron ese tipo de captura absoluta de la institucionalidad.

Quizá en algunas viejas monarquías absolutas y prepotentes se daba el caso de despojar a los ciudadanos de su nacionalidad y de sus bienes al ser expulsados del país por el dictador. Pero desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese tipo de actitudes no cabe dentro de lo imaginable.

Preocupa ver que vamos en esa ruta. Mientras el Estado persigue a quienes no se someten a sus caprichos, vemos el ya consistente desfile de varios sindicados por corrupción hacia su libertad absoluta, al irse cayendo uno a uno todos los casos que en su momento fueron debidamente y sólidamente probados, mientras los decentes son refundidos en tenebrosas prisiones de las cuales, si acaso, saldrán cuando renuncien a su nacionalidad y sus posesiones.

Redacción La Hora

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