Fotos de archivo. De izquierda a derecha, Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE; Edmond Mulet, candidato presidencial de CABAL; Zury Ríos, candidata presidencial de VALOR-Unionista; y Roberto Arzú García-Granados, candidato presidencial por PODEMOS. A ellos se les ha impugnado su inscripción. Diseño: La Hora. Foto: La Hora/Redes sociales

El inicio de la campaña electoral se está caracterizando por las acciones de los candidatos para objetar la inscripción de sus potenciales adversarios en vez de abrir espacios para la discusión madura y responsable de la enorme problemática nacional, situación alentada por las mismas autoridades electorales que han demostrado su disposición a usar raseros distintos. Cualquiera pensaría que el principal interés de los políticos estaría en acercarse a los electores con sus propuestas a efecto de convencerlos, pero, lejos de eso, todos están poniendo a trabajar a sus equipos legales para atacar o defenderse en el tema de las inscripciones.

La realidad es que los problemas del país no son el motivo de interés y preocupación de los políticos guatemaltecos que, desde hace años, se esmeran nada más en llegar a un puesto público para sacar ventaja y obtener beneficios personales, dejando atrás la idea de que el funcionario es un servidor público. Y cuando abordan esa problemática recurren a expresiones de auténtico populismo que únicamente tratan de explotar la frustración ciudadana en temas como la seguridad, con propuestas inviables como la que se puso ya de moda, es decir, hablar de la pena de muerte.

Nadie se ocupa de la raíz de los problemas sino se habla de ellos de manera superficial con la intención de, perdón la expresión, agarrar de babosos a los electores que se dejen encandilar con un palabrerío que no es nuevo, que ya conocimos en el pasado y que no trae ninguna solución. Ni la mano dura ni la pena de muerte sirven para erradicar la inseguridad, sobre todo si tenemos un sistema de justicia deliberadamente prostituido que perdió su sentido y misión porque es producto de pactos y acuerdos que persiguen evitar la aplicación de la ley a quienes saquean los recursos públicos.

Guatemala tiene tantas deficiencias, tantos problemas y necesidades que los políticos serios tendrían la mesa servida para sesudos análisis y pronunciamientos respecto a infinidad de asuntos que demandan acción seria y profunda. En cambio, la política de arrabal es la que prevalece y lo primero que se nota es el interés y esfuerzo, no en debatir, sino en impedir que otros contendientes puedan estar en la palestra.

Y no es porque los otros sí tengan soluciones serias, sino porque son más demagogos, más populistas con experiencia en el conocimiento de las fibras que pueden tocar con determinados mensajes que no por mentirosos dejan de ser llamativos para importantes segmentos de la población. Son apenas las vísperas de la campaña, pero ya definen lo que se viene.

Redacción La Hora

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