Desafortunadamente, el sistema de justicia de Guatemala ha terminado muy desprestigiado por la serie de maniobras a favor de la impunidad que se vienen dando con todo descaro y desfachatez. Foto: La Hora/Captura de Pantalla.

La jugada de anular los testimonios de los exdirectivos de Odebrecht, Luiz Mameri y Marcos de Cequeira Lima, plenamente autorizados por el juzgado que conoció del caso, parecería simplemente una nueva maniobra en la ya pública intención de procesar a los anteriores miembros de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad pero, en verdad, es algo que va mucho más allá. Esos testimonios implicaron seriamente a políticos guatemaltecos y por ello se les inició proceso, específicamente a Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, quedando pendientes todos los diputados que en su momento recibieron soborno para aprobar en cuestión de pocos minutos el contrato de la obra.

En realidad es una jugada a doble banda, como dicen los billaristas, puesto que, por un lado, sirve para armar otro caso en contra de Sandoval y el personal que trabajó con él en la FECI, pero lo más importante es que cumple con el fin de eliminar procesalmente todo vestigio que implique a quienes hoy son grandes aliados del Ministerio Público y de la Fiscalía General. Desde el punto de vista de la posible reparación de daños, puesto que la obra no se terminó pese a que se erogó mucho dinero, esta nueva movida no ayuda en absoluto y veremos si los testigos, citados para que vengan a declarar a Guatemala, lo hacen para ratificar una declaración que les implica directamente, pero también a quienes tras ser fugitivos ahora son muy cercanos al poder.

Desafortunadamente, el sistema de justicia de Guatemala ha terminado muy desprestigiado por la serie de maniobras a favor de la impunidad que se vienen dando con todo descaro y desfachatez para brindar protección a la larga lista de sindicados por actos de corrupción desde el 2015 hasta que se concretó la maniobra, con apoyo de Trump, para imponer el reino de la impunidad. Si en el procedimiento judicial hubo algo impropio, ilegal o defectuoso, se tiene que tener en cuenta que el mismo fue autorizado por el juez contralor de las diligencias y que la fiscalía no podía otorgar beneficios a los testigos.

Desde hace meses estamos viendo cómo, uno a uno, caen los casos que fueron emblemáticos en la lucha contra la corrupción y los implicados están logrando el cometido que se impusieron, al retardar maliciosamente los procesos con la finalidad de ganar tiempo en lo que prosperaban los esfuerzos locales y el cabildeo internacional que se hacía para detener lo que llamaron y siguen llamando “cacería de brujas”.

La paciencia ha rendido frutos porque cada día está más cerca el borrón y cuenta nueva.

Redacción La Hora

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