El grupo de exmilitares que buscan un pago económico de 120 mil quetzales para cada uno como resarcimiento por el “servicio prestado” durante el Conflicto Armado Interno, dispuso hoy endurecer su posición, si es que eso cabe después de haber quemado el Congreso de la República, a fin de presionar a los diputados para que aceleradamente aprueben esa erogación, realizando bloqueos en distintas partes del país, incluyendo puntos críticos para la actividad económica nacional.
El precedente citado, respecto a la quema del Congreso de la República, fue ejecutado por el mismo grupo y sus dirigentes no han sido siquiera citados al Ministerio Público para explicar ese acto de barbarie que constituyó un evidente delito que, para variar, ha sido deliberadamente ignorado por la Fiscalía General de la República ocupada por alguien que, por razones familiares, no se inmuta por abusos cometidos por quienes integraron las fuerzas armadas.
Eso constituye una muestra más de cómo opera el régimen de impunidad que está garantizando a quienes son de la rosca que la justicia no moverá un dedo contra ellos. Y es que el grupo de exmilitares le ha vendido la idea al oficialismo de que si les aprueban su resarcimiento tendrán todos los votos de los que militan en la organización.
De hecho, en la pasada campaña para engatusarlos como votantes, el mismo Giammattei les hizo la promesa de pagarles como demandaban y eso es uno de los factores que alegan hoy los exmilitares para mantener su exigencia y su protesta.
El precedente que se está sentando es muy serio porque indica que quien actúa con la fuerza y pisotea los derechos ciudadanos puede lograr sus objetivos, lo cual no se puede tolerar en una sociedad regida por leyes y por un estado de Derecho, pero aquí ocurre con el beneplácito de las autoridades que tienen en grupos de choque como los del magisterio, los salubristas y los exmilitares, una sólida fuerza para apañar los abusos y excesos que se cometen. Por supuesto que todos esos grupos expresan su lealtad como consecuencia de erogaciones multimillonarias que salen del erario que construimos todos los ciudadanos con el aporte de nuestros impuestos.
Tres días de bloqueos tendrán un efecto devastador en la economía y es curioso que aquellos que elevan enérgica su voz cuando los que bloquean carreteras son integrantes de organizaciones campesinas o contrarias al sistema de corrupción, no se muestren tan enérgicos para rechazar este acto de los exmilitares que ya nos demostraron que usarán la fuerza bruta cuando les venga en gana.
