A menos de un mes para que termine el período para el que fuera electo, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, licenciado Jordán Rodas, es objeto de una declarada cacería que pretende preparar el terreno para promover su persecución penal una vez haya entregado el cargo. Los adversarios de Rodas, miembros de la alianza oficialista, lo han citado a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para una “rendición de cuentas” en la que se espera arrinconarlo con ese obvio objetivo.
El oficialismo pretende, como cínicamente lo dijo un diputado, que el PDH no los traicione y que sea un perro fiel que no solo no critique sino que aplauda las acciones oficiales de saqueo de los fondos públicos y de absoluta impunidad para los implicados en casos de corrupción. El Procurador de los Derechos Humanos ha jugado un papel importante en momentos especiales de la vida nacional, cuando más falta hacía que un magistrado de conciencia actuara en defensa de los derechos de la ciudadanía y Jordán Rodas supo cumplir ese papel en uno de los momentos más críticos de nuestra historia.
Fundamental para la vigencia de los derechos humanos es la existencia de un sistema de justicia basado en el imperio de la ley y administrado por funcionarios que entienden lo que es el Estado de Derecho. A Rodas le ha tocado observar la destrucción de ese modelo y se ha pronunciado de manera frontal y vertical para denunciar los pactos, manoseos y distorsiones. Mismos que se reflejan en la absoluta cooptación del sistema judicial del país, no solo por la decisión de no elegir oportuna y transparentemente a los integrantes de las Cortes, sino también por la destrucción de las capacidades del Ministerio Público.
Sin justicia efectiva los derechos humanos se ven expuestos a toda una gama de abusos que pueden cometer impunemente los que dispusieron la conformación de este modelo de cooptación. Los poderes reales, aquellos que pactaron para acabar con la lucha contra la corrupción, avanzan en contra de derechos que van más allá del de libre organización, manifestación y expresión. Se ha asentado una dictadura en el país porque no hay régimen de legalidad alguno.
Los caprichos de la cúpula, de quien se siente jefe de jefes de todos los guatemaltecos, empezando por el presidente y pasando por sus aliados, sean estos empresarios o narcos, son los determinantes. Y ahora se preparan para pasarle la factura a un funcionario que cumplió con excelencia sus funciones y que no tuvo empacho ni temor para denunciar los abusos.
