En Guatemala hemos vivido entre la violencia política y la violencia común demasiado tiempo. Por ello fue importante ver que como consecuencia del esfuerzo por profesionalizar a la Policía Nacional Civil, se vieron avances que permitieron ir reduciendo paulatinamente los índices de muerte por violencia, situación que empezó a cambiar cuando en el gobierno de Jimmy Morales se nombró ministro de Gobernación a Enrique Degenhart, quien desmanteló la cúpula policial que había sido responsable de grandes avances y que venía preparando cuadros comprometidos con esa visión transformadora de una institución que ha sido siempre muy tentadora para quienes se dedican a la corrupción, al punto de demeritar a los buenos y comprometidos agentes, que todavía son muchos, pero que se sienten ahora desamparados y desubicados luego de haber experimentado lo que es realmente servir a la gente.
La pandemia, con el encierro que provocó, tuvo efecto en una drástica reducción de la violencia, pero al parecer los criminales están ahora reponiendo el tiempo que perdieron en esos días porque está exacerbada nuevamente. La cantidad de ataques es enorme y se cometen con toda frialdad y sangre fría en todas las circunstancias imaginables. No hay semana en que no se produce algún crimen de esos que conmueven a la ciudadanía y continuamente estamos sabiendo de hechos que demuestran que la fuerza policial regresó a los viejos tiempos, de antes de la profesionalización, y que en vez de proteger a la población se están dedicando a hostigarla.
Son esos los detalles en los que el ciudadano no repara cuando oye que se habla de corrupción. Una PNC dedicada a servir a los corruptos pierde su sentido de instrumento de seguridad ciudadana y el resultado es mayor facilidad para que criminales de todo tipo puedan actuar cometiendo tropelías mientras la fuerza pública se dedica más a proteger a poderosos delincuentes que a cuidar a los ciudadanos.
Hemos dicho que la corrupción que toleramos pacientemente los ciudadanos tarde o temprano nos termina pasando factura porque la destrucción de las instituciones se traduce en algún tipo de perjuicio a la población. Nuestros niños en el sistema público de educación no reciben la instrucción adecuada porque el magisterio terminó siendo pieza de negociación que usa un sindicato corrupto para hacer jugosos negocios con los ministros de turno que, sin excepción, hacen esos Pactos Colectivos que deberían llamarse Pactos Destructivos.
Lo mismo está pasando con la seguridad ciudadana porque dejó de ser la prioridad de los altos mandos policiales como resultado de cambios que eliminaron la carrera y dignificación dentro de la PNC. Esta violencia que ahora se propaga se beneficia del régimen de impunidad impuesto y de la forma en que quienes debieran combatirla han truncado esfuerzos anteriores. Urge en verdad retomar la profesionalización policial, tarea que no se logra de la noche a la mañana, pero que si se destruye de un plumazo.
