Ayer el presidente del Congreso, tras la marcha que encabezó el Procurador de los Derechos Humanos para reclamar los fondos que le retiene el Congreso violando la ley y que impedirán el pago de salarios al personal de la PDH, se burló de la situación y con el mayor sarcasmo “recomendó” que presente un Amparo, mismo que tendría que ser conocido por la Corte de Constitucionalidad cuya actitud ya no admite discusiones porque han demostrado que en este país los verdaderos amos de la “legalidad” son esos corruptos diputados que juramentan a su gusto a los magistrados de la CC, los de la Fundación Contra el Terrorismo y Consuelo Porras.
Esos son los tres pilares del Estado de Derecho, capturado a partir de la espuria conformación de una Corte de Constitucionalidad cuyo principal trabajo y encargo es el de consolidar el régimen de impunidad en el país y garantizar que se pueda disponer de todo un sistema de justicia que esté al servicio del Pacto de Corruptos que se ha esmerado en ir profundizando la captura de esa institucionalidad que, a capa y espada, defienden las cámaras empresariales.
El sarcástico mensaje enviado por el diputado Allan Rodríguez desnuda claramente la situación porque es una muestra de cuán cómodo se sienten todos los sinvergüenzas con la Corte que juramentaron. Le dice al Procurador Jordán Rodas que recurra de Amparo con el tono de burla de quien sabe que en “su” Corte no prosperará ningún Amparo para ordenar que se trasladen los fondos que por ley debieron ser puestos a disposición de la Procuraduría, que es una institución pública, parte de la institucionalidad tan cacareada, pero por la que nadie de los que simpatiza con la corrupción se pronuncia porque a estas alturas es la única entidad que aún no han logrado aprisionar en sus garras.
El Procurador Jordán Rodas no está pidiendo que le hagan ningún favor; simplemente el Congreso dejó de trasladarle los fondos que le corresponden, en lo que constituye un delito, pero ya sabemos que los delitos que cometen los amigos de Consuelo Porras, entre ellos los diputados de la alianza oficialista, no serán jamás investigados porque ese es el acuerdo.
¿Dónde están las voces de los que reclaman apoyo a la institucionalidad, incluidos los obispos, para reclamar por ese abierto acto de violación de la ley para asfixiar económicamente a la institución que vela por los Derechos Humanos en el país? Lo que pasa es que ellos reclaman y protegen sólo SU institucionalidad, la que les sirve para seguir robando.
