Ayer se anunció que el Ejecutivo emitirá hoy un acuerdo para restringir las garantías constitucionales mediante un Estado de Prevención, de esos consignados en la anacrónica Ley de Orden Público. Cualquiera diría que estando en medio de una crisis sanitaria como la que venimos sufriendo desde hace tanto tiempo, una decisión de ese tipo que pretende ejercer control sobre la población suprimiendo el ejercicio de ciertos derechos, entre ellos el de manifestación y libre emisión del pensamiento, sería para evitar cualquier tipo de aglomeraciones y la propagación de noticias falsas que pudieran afectar la lucha para contener los contagios del Sars-Cov-2 con sus nuevas variantes que están resultando mucho más contagiosas y causando más severas complicaciones.
Pero no, Giammattei ni siquiera guardó apariencias y dijo que la suspensión de garantías es para frenar a los manifestantes, de los que dijo que son 150 personas que tienen desestabilizada la cabeza. 150 personas en la Plaza Central no constituye ninguna aglomeración, pero sus gritos pidiendo la renuncia de Giammattei, que se repiten en las redes sociales, es algo que lo tiene molesto porque todo tiene que ver con el negocio de la vacuna rusa que está, por supuesto, en el ojo del huracán, cuyos vientos periféricos quiere atajar con la aplicación de esa detestable Ley de Orden Público que no tiene más justificación que el carácter represivo que confiere al Estado en Guatemala.
Evidentemente el panameño que aconseja al Presidente en temas de imagen no estuvo a tiempo para indicarle que del Estado de Prevención era mejor hablando en el estricto marco de la pandemia. En cambio, dejado a la libre, Giammattei de una vez destapó que la intención es atajar las manifestaciones que él califica de ilegales y que le causan tanta molestia. Estamos seguros que hasta a Jimmy Morales se le hubiera ocurrido tratar de tapar el ojo al macho y anunciar la drástica medida recurriendo a argumentos relacionados con el alto nivel de contagios y la necesidad que hay de adoptar medidas que puedan restringir la movilidad de las personas en busca de un mayor distanciamiento social. Pero el mandatario actual es diferente y su carácter explosivo le hace decir lo que piensa, sobre todo ahora que tiene la certeza de que será avalado por el Congreso de la República (en receso, pero presto a correr como lo hizo con Moto y Néster Vásquez para ser juramentados) y una Corte de Constitucionalidad ad hoc para avalar cualquier barrabasada que se ocurra para apuntalar a como de lugar el régimen de impunidad.
