Juan Antonio Mazariegos

jamazar@alegalis.com

Abogado y Notario por la Universidad Rafael Landívar, posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Postgrado en Derecho Penal por la Universidad del Istmo. Ha sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en donde ha impartido los cursos de Derecho Procesal Civil y Laboratorio de Derecho Procesal Civil. Ha sido y es fundador, accionista, directo y/o representante de diversas empresas mercantiles, así como Mandatario de diversas compañías nacionales y extranjeras. Es Fundador de la firma de Abogados Alegalis, con oficinas en Guatemala y Hong Kong, columnista del Diario La Hora y Maratonista.

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Juan Antonio Mazariegos G.

El matutino Prensa Libre, en su edición digital del sábado 20 de agosto, hizo públicas declaraciones de autoridades, tanto de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), como del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en las cuales, el vocero de Conred, señalaba que dicha institución tiene contabilizadas al menos 5 mil áreas de riesgo a deslizamientos y otra cantidad similar de áreas vulnerables a inundaciones en el país; mientras que por su parte, el Jefe del Departamento de Servicios Hídricos del Insivumeh, informó que hay varios ríos por arriba de sus niveles máximos y mantienen esa tendencia, principalmente ríos en Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Progreso. Comentando además que la humedad en los suelos es alta y sobrepasa niveles del 50%, en los departamentos mencionados y en otros de la costa sur.

Lo relatado, aún con la lógica alarma que despierta, no es más que la descripción de una temporada normal de lluvias en Guatemala, la cual, año con año se repite con menores o mayores incidencias, pero con el común denominador de víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. Por supuesto, las condiciones geográficas de nuestro país, nos colocan dentro de una de las regiones de mundo con mayor vulnerabilidad a los fenómenos naturales y han sido incontables y comunes los momentos en que esos fenómenos naturales o la simple extensión de la temporada de lluvias han colmado los ya sobrecargados suelos y se han cebado en contra de las personas con mayores necesidades que viven en las áreas de más alto riesgo.

No hay que ser muy inteligente o un experto en determinada materia, para saber que ante un evento inesperado, como los fenómenos naturales, podemos anticiparnos o solo reaccionar. Si hablamos de fenómenos naturales, de la historia de nuestro país, en cuanto a los mismos, o de nuestra posición geográfica en el mundo, seguramente sabremos que aquello que ha ocurrido hasta ahora continuará ocurriendo y poco importará el nombre que le pongamos, (Iota, Stan, Mitch), al cambio o acontecimiento inusual que se produzca en la naturaleza y se sobrevenga sobre Guatemala, volveremos a lamentar nuevas pérdidas de vidas y de bienes.

Una forma de anticiparnos a aquello que estamos seguros que vendrá, en materia de riesgos y desastres, es estableciendo leyes y reglas claras que generen y promuevan estudios técnicos y análisis científicos para determinar qué zonas son efectivamente de riesgo y cuales otras, son susceptibles de desarrollarse y bajo qué condiciones puede llevarse a cabo ese desarrollo, incluso cómo ese desarrollo puede contribuir a mitigar o retener el riesgo; y no como ha venido ocurriendo hasta ahora, cuando se han promovido leyes que establecen únicamente la veda para la ocupación de grandes extensiones de tierra, veda que es observada por quienes tienen la posibilidad de hacerlo y simplemente se retiran a otros lugares no limitados, mientras que los más vulnerables y quienes no tienen opción o capacidad de hacer ningún tipo de análisis, ocupan las áreas vedadas y con riesgos.

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