Según la Ley Orgánica del Ministerio Público esta es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, además vela por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En el ejercicio de esa función, el Ministerio Público perseguirá la realización de la justicia, y actuará con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad, en los términos que la ley establece. Sin embargo, desde el 2018 con la llegada de Consuelo Porras a la jefatura del Ministerio Público y al cargo de Fiscal General, la institución se ha ido degenerando y desvirtuando su naturaleza, al extremo que hoy es más una policía política dedicada a perseguir a quienes atentan contra los intereses de la corrupción e impunidad, que la institución dedicada a la investigación y persecución penal como tal.
Ha sido y es notorio y público en la actualidad que el Ministerio Público desde el 2018 hasta la presente fecha se ha dedicado a dos grandes procesos de manera paralela. Por un lado, la Fiscal General y su equipo han impulsado casos espurios y de persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos, operadores y operadoras de justicia, periodistas y/o comunicadores sociales y miembros de partidos políticos de oposición. Algunas de estas personas criminalizadas, han sido injustamente encarceladas, como el caso de Jose Rubén Zamora y otras hemos sufrido del exilio. Por el otro lado, el Ministerio Público se ha encargado de que todas aquellas personas acusadas por graves actos de corrupción e impunidad que han destruido la institucionalidad del Estado guatemalteco queden libres de cualquier acusación e incluso en muchos casos les sean devueltos recursos que fueron saqueados y robados del erario público.
Mientras este Ministerio Público encabezado por Consuelo Porras persigue a periodistas, estudiantes, docentes universitarios y personas defensoras de derechos humanos por publicaciones en redes sociales o por manifestar su apoyo a la autonomía universitaria o pide las sanciones más altas en contra de un periodista acusado espuriamente, ha hecho caso omiso de las investigaciones y persecución de los autores intelectuales y materiales de la quema del Hogar Virgen de la Asunción, del fiasco del libramiento de Chimaltenango, ha procurado impunidad a favor de Giammattei y su pareja Miguel Martínez, así como de la ex Ministra de Salud en la compra de vacunas contra el Covid 19. Se ha hecho de la vista gorda en las serias acusaciones de corrupción para el otorgamiento de las licencias para la construcción de un nuevo puerto en Izabal, entre otra serie de hechos deleznables y de colusión con actores de corrupción e impunidad.
Por estos y otros motivos el Ministerio Público es hoy una policía política, similar a las que se instalan en dictaduras criminales y por ello es que el Presidente de la República Bernardo Arévalo debe de aplicarle el Artículo 251 de la Constitución Política de la República en cuanto dice que este podrá remover al Fiscal General del Ministerio Público por causa justificada, debidamente establecida, tal y como ha quedado demostrado en estos pocos casos ejemplificados en esta columna de opinión.
