Es evidente que, durante los últimos años, la columna vertebral de la violencia y represión contra personas defensoras de derechos humanos, impulsada por la elite económica, el poder militar y el sistema de justicia, haciendo uso en calidad de servidumbre a un grupo de personajes que se dedican a la defensa de corruptos y delincuentes. Este fenómeno conocido como la criminalización debe de ser entendido como la aplicación arbitraria e indebida de la ley, la amenaza de su aplicación o la estigmatización de los actos, ideas y propuestas de las y los defensores.
A diferencia de la estrategia implementada durante el Conflicto Armado Interno, las distintas dictaduras militares, al servicio del poder económico, utilizaron el terror, la desaparición, las masacres y la ejecución extrajudicial como el mecanismo de represión por excelencia, sin embargo, ahora la difamación, la denuncia judicial y la privación de libertad son el núcleo central que pretende diezmar las luchas y las resistencias. Y es que al igual que en el pasado, lo que se pretende por estos mercaderes de la violencia y la muerte no es más que acallar la voz, la resistencia y con ello no permitir que este modelo ideado para imposibilitar el desarrollo de la nación se transforme. Uno de los efectos de la criminalización es aislar al defensor o defensora y obstaculizar por completo su capacidad de liderazgo, lo cual prácticamente es una forma de matar en vida.
En prácticamente todos los casos documentados hasta ahora en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, es posible denotar ilegalidad o como mínimo arbitrariedad, tales los casos más recientes como Virginia Laparra, José Rubén Zamora, Samari Gómez, entre otros. La criminalización se ha registrado en el Estado de Guatemala a través de la utilización indebida del sistema penal; la provocación de intranquilidad y zozobra; el desprestigio público que deslegitima y desmoviliza la actuación de los defensores y las defensoras de derechos humanos.
La criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos se da en contextos de violencia generalizada causada por delitos comunes y por crimen organizado, así como por la polarización de la sociedad guatemalteca, secuelas del largo Conflicto Armado Interno, altos niveles de impunidad, y por la implementación de un modelo de desarrollo que no incorpora la visión de desarrollo de los pueblos indígenas y del resto de la población guatemalteca. En los últimos años, se ha manifestado en el contexto de la protesta social contra varios tipos de megaproyectos (minería de oro y plata, hidroeléctricas, cementera), que tienen en común que cada uno de ellos fue impuesto sin consulta previa.
Sin embargo, aun en medio de este marco de represión y violencia, el avance de las y los defensores de derechos humanos no se detiene y no se detendrá hasta construir una sociedad distinta a la que hoy les oprime. Mis respetos y admiración para todos aquellos y aquellos que desde distintos ámbitos de acción luchan por una sociedad incluyente, democrática, antipatriarcal y antineoliberal.
